Tras la toma de posesión de Américo Villarreal como nuevo gobernador de Tamaulipas, se consolida la prevalencia en el mapa político del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador que alcanza 21 gobiernos estatales. Sin embargo, este número aumentará —en breve— a 22 cuando tome posesión el gobernador morenista de Oaxaca. Con este récord, el partido en el poder llegará al próximo año en el que se celebrarán comicios en Coahuila y la llamada joya de la corona, por su valor electoral en 2024 y por su abolengo priista, el Estado de México.
Durante el evento en que el morenista Américo Villarreal tomó protesta como gobernador, quien acaparó los reflectores fue el procurador de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, quien encabezó los trabajos de investigación financiera durante el proceso de transición en Tamaulipas. El extitular de la UIF fue varias veces cuestionado sobre el futuro judicial al que tendría que enfrentarse el saliente gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, esto luego de que se detectaran irregularidades en la administración como en el uso de empresas fachada para extraer recursos públicos.
Que la historia se lo demande. El 1° de octubre de 2016, Francisco Javier García Cabeza de Vaca tomó protesta como el primer gobernador de oposición luego de 86 años sin alternancia en Tamaulipas: “Lograr un estado seguro, participativo y democrático es uno de los compromisos que adquirí y tengan la certeza que cumpliré. Aspiro a ser el mejor gobernador que haya tenido esta tierra; aspiro a ser el mejor gobernador que haya tenido Tamaulipas”, expresó aquel día. Seis años después, deja el gobierno de ese estado.
Su salida no ha sido tersa, la orden de aprehensión en su contra era previsible. El exgobernador respondió rápido, en sus redes sociales, aseguró que se trata de la persecución política de un gobierno urgido de distractores. Lo cierto es que la noticia inhibe cualquier intento de operación cicatriz en la entidad. A ver qué hacen con él si lo detienen, porque debe cargar interesantes secretos.
Desde hace tiempo se viene augurando el principio del fin del PRI. Los elementos no faltan, pero en muchas comunidades el tricolor sigue siendo una fuerza real, independientemente, del todos tenemos un priista dentro de nosotros.
La votación en la Cámara Alta sobre la extensión de las Fuerzas Armadas en las calles ha expuesto su abierta división. Con la evidencia del voto dividido de las y los legisladores no se ve como una futura cohesión interna. La iniciativa se aprobó en medio de los cuestionamientos al Ejército por las revelaciones de los “Guacamaya Leaks”.
El PRI no será lo que fue —por más obvio que sea— no sólo se debe a que el país es otro, sino sobre todo a que dejó de entender la dinámica nacional y regional, no ha hecho un acuse de recibo del 2018.
En Morena, paradójicamente, va en camino de ser un imitador del tricolor, pero corregido y aumentado. El PRI ya no tiene por dónde colarse en el ánimo ciudadano, lo que pueda ganar será por errores de otros, coyunturas o por sumarse a Morena y poner cara de que ganó una votación cuando en el fondo fue utilizado para ganar esa votación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador conoce al PRI como pocos. Sumemos que el tricolor no ha mostrado evolución alguna, al tiempo que las complicidades siguen siendo un factor de definición. Al tricolor se le fueron olvidando las causas sociales para optar únicamente por utilizar al poder como su forma de existencia.
Cuando Enrique Peña Nieto dirigía la nación, el PRI fue utilizado de manera vergonzosa. El tricolor todavía le dio al gobierno capacidad de maniobra hasta que el hartazgo apareció como la variable central de la sociedad. De nada sirvió la lamentable expresión de “roban, pero saben cómo gobernar”, al final nomás robaron.
El deterioro de Peña Nieto fue paralelo al deterioro del PRI. Se convirtieron en un estorbo para la sociedad, no se supieron reinventar y siguieron creyendo que conservando el poder podían hacer lo que quisieran. Ni siquiera se dieron cuenta que estaba creciendo un partido político con características similares, pero con la diferencia que tenía en Andrés Manuel López Obrador a un personaje que generaba todo tipo de esperanzas.
Los votos de los 10 legisladores priistas —incluida la senadora Verónica Martínez— que apoyaron la propuesta de extender la presencia de los militares en las calles hasta 2028 acabaron siendo el voto del miedo. Se podrá argumentar que es una propuesta del PRI, pero recordemos que el proyecto original a duras penas llegaba a tres cuartillas, no tenía fundamentos, lo que llevó a considerar que estaban haciendo lo que el presidente López Obrador quería para cubrirse las espaldas. Pasaron de querer plantear una alternativa —a un grave problema del país— a terminar siendo cómplices de una decisión que tiene un riesgo por ahora incalculable.
El dirigente nacional del tricolor “Alito” Moreno pasó de ser señalado, de ser el eje de la audioteca de la estridente gobernadora Layda Sansores, de ser amenazado —lo que le llevaría a perder el fuero— a algo que parece hoy un singular perdón. En el camino, la diputada priista que hizo la propuesta resulta que ya es magistrada en Durango.
Quizá no se alcance a apreciar por ahora la trascendencia de lo sucedido en cuanto lo que significa la extensión de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. Quizá tampoco en el PRI se tenga conciencia de la bronca que se traen internamente Moreira—Moreno vs Osorio Chong—Ruiz Massieu Salinas. Lo que supondría en el PRI que estamos ante el principio del fin. ¿Será?
Una masiva filtración expuso el poder del Ejército en la vida pública. El golpe realizado por un grupo de hackers—activistas denominados “Guacamaya” ha permitido conocer —hasta el momento— detalles de relevancia como el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su familia; delicadas operaciones militares como la detención Ovidio Guzmán el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el llamado “Culiacanazo”; cuentas corrientes de la Sedena, contratos del Tren Maya o la estrecha vigilancia de grupos como los zapatistas y periodistas. Estamos ante un fenómeno similar al que ha colocado a Julian Assange en el centro de interesantes y necesarios debates.
El presidente López Obrador confirmó el hackeo lo que lleva a que cualquier otra información que se dé a conocer a través de este conducto es válida y cierta. La cantidad de material que se ha hackeado, a decir de expertos, es mayúscula.
Y el hilo se rompió por lo más delgado, renuncio el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, el que inculpo a los militares como eje de la trágica noche de Iguala, con esa decisión se elevaron a 65 las desapariciones, y a los 43 normalistas, se le sumaron 21 órdenes de aprehensión evaporadas por la Fiscalía General de la República, más la incineración del responsable de la investigación en el gobierno de la Cuarta Transformación. Todos ardieron en la hoguera de las amenazas y del abuso del poder militar, de nada sirvieron las defensas de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador con sus advertencias de que nadie —ni los militares— estarían por encima de la ley.
Después de conocer en el Diario “Reforma” las filtraciones no censuradas que involucran a los uniformados verde olivo y de que filtraran en la Revista “Proceso” que el fiscal Alejandro Gertz Manero retiraba las ordenes de aprehensión, muy pocos tienen duda de quién manda en este país.
El poder de las autodefensas “Guerreros Unidos” quedó más que en evidencia cuando bastó solo una advertencia desde los altos mandos de la Secretaria de la Defensa para que se desarticulará la verdad —verdadera— revelaba por el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas Rodríguez.
Todavía está viva la esperanza de que las evidencias en poder de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos sean tan contundentes sobre el rol que jugaron ciertos generales en la noche de Iguala, que se pueda recuperar algo del equilibrio del poder perdido.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere más sorpresas. Encargó el caso Ayotzinapa a Adán Augusto López, su secretario de Gobernación, quien a su vez ubicó como nuevo fiscal a un amigo suyo de Tabasco, Rosendo Gómez Piedra.
Aunque el abogado Gómez Piedra tiene sólida preparación académica y experiencia en materia de procuración de justicia, su más reciente chamba fue en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. No se sabe si ha seguido el caso o si por lo menos ha leído el informe de la comisión que encabeza Alejandro Encinas.
Es seguro que surgirán resistencias al interior de los de los grupos vinculados a los normalistas desaparecidos, El grupo criminal de “Los Tequileros” surgió en el 2014 de una escisión de los “Guerreros Unidos” después de la noche triste de Iguala, en Guerrero.
Se distinguen por operar con violencia extrema. Tienen, dicen allá, un grupo de Fuerzas Espéciales al que le encargan los trabajos más delicados, como asesinar al alcalde perredista de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza y a su padre, Juan Mendoza que también fue alcalde y después atacar las instalaciones de la alcaldía y matar a los policías que defendían el inmueble. Como en una guerra.
La prensa local sostiene que Totolapan es desde hace años el bastión de “Los Tequileros” y con frecuencia se ve a sus jefes moverse por la zona sin ser molestados. Al parecer los pactos se rompieron y las balas tomaron la palabra.
¿Qué sigue? Vienen las respuestas de cajón, que se anunciaron: trasladar a la zona un contingente de la Guardia Nacional y emprender una investigación al tiempo que el presidente López Obrador dice que la gobernadora Evelyn Salgado no está sola, los abandonados son los ciudadanos.
Los hechos ocurridos, la semana pasada, en la “Plaza Andares” y la “Plaza Landmark” del municipio de Zapopan, Jalisco, evidencian como el crimen y la población conviven en los mismos espacios. La explicación tiene como común denominador el lavado de dinero.
Según algunos reportajes revelan que el 78 por ciento de los negocios del narco están en Jalisco y el empresario estrella es el “Cartel de Jalisco Nueva Generación”.
El CJNG se ha colocado a la cabeza de la narcoeconomía mexicana, estableciendo la mayor cantidad de negocios para lavar dinero, a diferencia de otros cárteles, pasó del negocio inmobiliario —típico del narco— a diversificarse en giros de los que pocos sospecharían.
El paraíso para lavar dinero se encuentra en Jalisco, principalmente, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, donde han establecido negocios que empezaron en construcciones, empresas inmobiliarias y salones estéticos, el cliché del narco, hasta el momento.
Desde el 2018 y por obra del CJNG, se han montado establecimientos que rompieron los estereotipos de los cárteles, pasando desapercibidos para las autoridades mexicanas, más no para las norteamericanas: despachos de arquitectura, diseño gráfico, reposterías, tours por los pueblos mágicos, entre otros. De las 136 empresas que lavaron dinero para los cárteles en la última década, 106 lo hicieron en Jalisco, 16 en Sinaloa y el resto se reparten en diversas entidades.
Se formalizo la entrada en funciones de los Tribunales Laborales y los Centros de Conciliación Locales, derivados de la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el Estado.
La nueva Reforma Laboral le va a quitar la chamba a los abogados laboralistas, ya no serán necesarios. La inexorable ineptitud de las Juntas de Conciliación y Arbitraje hizo que dejarán de ser independientes del Sistema Judicial y ahora se han incorporado al mismo.
Quienes hayan litigado laboral sabrán que las Juntas de Conciliación y Arbitraje son un cochinero, mordidas a la vista de todos, las capturistas recibiendo dinero a plena vista, los secretarios acordando audiencias hasta 8 meses después, laudos interminables, secretarios difiriendo audiencias por estupideces, actuarios sin realizar diligencias, etcétera… Como diría la canción de Fuerza Regida, Luis R Conriquez y Victor Cibrian… Y en la Junta un cochinero ♪♫♪...
Nos informan que antes de que termine la primera quincena de octubre el partido Morena emitida en la convocatoria para elegir el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila. No olvidemos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue quien destapó a Ricardo Mejía Berdeja cuando visitó Torreón en la promoción de la consulta para la revocación de mandato del presidente López Obrador. Por cierto, se ha visto muy activo al diputado federal Shamir Fernández en los eventos de su amigo Ricardo Mejía
Además, recibió un espaldarazo de líderes y militantes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Lo anterior ocurrió, nos comentan, en un encuentro con representantes de todas las secciones del SUTERM en el Estado, Agustín Martínez Fonseca, representante de la sección 159 de Torreón, sostuvo que Ricardo Mejía es la única opción de cambio para Coahuila.
En Torreón, para estas fechas ya deben comenzar los preparativos correspondientes al primer informe de gobierno de Román Alberto Cepeda. ¿Qué va a informar a los ciudadanos torreonenses? No ha cumplido con sus promesas de campaña, menos con los compromisos y metas del Plan de Desarrollo Municipal. Se adelanta que con todo y su altibajos, Eduardo Olmos, hizo mejor papel como alcalde, es lo que se escucha en radiopasillo.
La incertidumbre política —al interior del Ayuntamiento— es cada vez mayor. Nos comentan que las declaraciones del alcalde Román Alberto Cepeda en el sentido de exigir “piso parejo” para la designación del abanderado tricolor a la gubernatura de Coahuila, son patadas de ahogado.
Es un secreto a voces que Román Alberto Cepeda “odia con odio jarocho” al tal Manolo Jiménez Salinas, quien es el delfín del gobernador Miguel Riquelme. Simplemente, no comparte la idea que Manolito pueda convertirse en su próximo jefe político. Nos hacen ver que, en una de esas, Román Alberto Cepeda, preferiría ceder a los interés de la Cuarta Transformación en Coahuila.
Recordemos, que su hermano Carlos Román Cepeda quien también fue alcalde de Torreón, es un distinguido morenista, y su relación con el partido del presidente López Obrador es más que tersa. Algunos afirman que Román Alberto Cepeda será el José Ángel Pérez del PRI, en su ruin papel, terminará apoyando a Ricardo Mejía Berdeja por debajo del agua.
No por nada, Leticia Castaño Orozco, actual administradora local de Recaudación de Rentas de Torreón, anda que no la calienta ni el sol, y todo esto, porque el director de Egresos del Ayuntamiento de Torreón, Raúl Garza del Valle, se ha metido hasta las entrañas del IX Distrito, a la operación política de su jefe.
Nos dicen que Raúl Garza del Valle en poco tiempo a constituido más de 100 comités vecinales sin que nadie se diera cuenta, prácticamente, le dio un madruguete —territorial— a la sexagenaria Lety Castaño y va por la libre en busca de convertirse en candidato a diputado local por ese distrito. ¿Será?
Dicen que Raúl Garza a diferencia de Gustavo Muñoz López —de cuando intento ser precandidato a diputado local— sí será candidato y con amplias posibilidades de triunfo, tiene mucha simpatía con la gente del sector poniente.
En el caso de Gustavo Muñoz López al inicio de la administración municipal, este prometía bastante como servidor público de primer nivel. Sin embargo, su único problema, es que tiene acérrimos enemigos que nunca lo dejaran crecer: Miguel Riquelme, Eduardo Olmos y Xavier Herrera. Fue más astuto Luis Rayas y se desmarco, véanlo, dio un brinco a la dirección de Comunicación Social.
Otro personaje leal a Román Alberto Cepeda que pinta a una diputación local, es la décima regidora Elba Leticia de Alba Galarza. Ha sabido ganar los reflectores en comparación a sus colegas del Cabildo.
Quien llevaba sus bonos al alza era Anilú Cepeda Álvarez, pero entendió mal, lo que el PRI buscaba era aliarse con el PAN, no meterse a las sabanas con los panistas. La alianza carnal, en turno, es el regidor panista José Armando González Murillo mejor conocido como “Lumba”, quien fuese secretario particular de Memo Anaya y luego con Marcelo Torres.
Otra que ha venido a menos es la primer síndico Laura Reyes Retana, sus mejores tiempos en política fueron cuando practicaba la santería en el sexenio de Enrique Martínez y Martínez, cuando Raúl Sifuentes Guerrero era el poderoso secretario de Gobierno.
Se rumora que el relevo de Eduardo Olmos en la dirigencia estatal del PRI Coahuila será pasando el 5to Informe de Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, claro, si otra cosa no sucede, pues es más que sabido que Rubén Moreira se aferra a la permanencia de Rigo Fuentes, hay una máxima… ¡Eduardo Olmos lleva más anuncios de llegar al PRI de Coahuila que los que lleva el Metrobús para arrancar en Torreón!
Otra comentario que nos hicieron, es que la deuda histórica de Durango tiene autor, quien tomaba las decisiones del gasto era la señora Elvira Barrante, esposa de José Rosas Aispuro, salieron más ladrón que los hermanos Moreira y “Alito” Moreno juntos.
Pero en todas partes se cuecen habas. Se reguero de pólvora la filtración del fraude financiero en el periódico de los cien años de Torreón, que ascienda a poco más de 90 millones de pesos, nos comentaron, que al parecer la responsable es quien fuera la mano derecha de la dirección, pero hay cómplices, esta, sí que será una misión casi imposible que tendrá que resolver el agente defensor de la comunidad, nos referimos al James Bond lagunero.Nos leemos en la próxima… ¡no olvides compartirla!