POR: LA COMADRE
Estimado lector y lectora, faltan menos de 287 días para elegir al próximo gobernador o gobernadora en las elecciones locales de 2023. Ya se están decidiendo las candidaturas para Coahuila y Estado de México para todos los partidos que contenderán. Son dos los estados que le quedan al PRI y son dos estados que nunca han tenido alternancia. Ésa es una de las más poderosas razones para que Morena, el movimiento que se está convirtiendo en hegemónico y que gobierna la mayor cantidad de estados en el país, tenga toda su fuerza y atención en ganar.
Hoy, vale la pena hablar de Coahuila, un Estado con un gobierno y un gobernador —Miguel Riquelme— muy bien evaluados, donde las encuestas que se publican, cada vez con mayor frecuencia, marcan un empate entre los aspirantes que, hasta el momento, están en la intención de participar.
Van a surgir muchas especulaciones y se habrán de dar muchos jaloneos para definir al candidato o a la candidata, tanto de Morena como del PRI, el PAN o la posible alianza “Va por Coahuila”, tratando de demostrar que juntos son más fuertes.
Aún tenemos mucho por ver. Desde la 4T, nos hacen saber que, al igual que en el Estado de México, en Coahuila, se están acomodando las piezas al interior de Morena, en donde, deberán elegir entre un Subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de la República, Ricardo Mejía Berdeja; un expanista, Luis Fernando Salazar; y un minero carbonífero y Senador de la República, Armando Guadiana Tijerina. Los tres, con igualdad de oportunidades para participar, pero sólo el primero con posibilidades -reales- en las preferencias, es un secreto a voces que, Ricardo Mejía Berdeja, ha crecido mucho en tan poco tiempo en las encuestas propias y anejas. Finalmente, es la carta de Palacio Nacional para Coahuila.
La semana pasada en Saltillo, se congregaron en un desayuno el Frente Unido Plural de Izquierda Democrática, que integran alcaldes, diputados federales y locales con el fin de apoyar al Subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía, en sus aspiraciones por Morena en la contienda rumbo a la gubernatura del estado de Coahuila.
Por el PRI, los más conocidos y mejor posicionados son expresidentes municipales de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas y Jericó Abramo Masso, el primero, está al frente de la Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social del gobierno de Coahuila, el segundo, es Diputado Federal y Presidente de la Comisión de Turismo en San Lázaro. Otro que, también, ha mostrado un interés personal en querer figurar a través de un posicionamiento en encuestas ficticias es Román Alberto Cepeda. Nos hacen ver, que, a Román le parece poca cosa la Presidencia Municipal de Torreón, al igual que a los torreonenses nos parece que le quedo grande la silla. Lo cierto es, que el proyecto de Román no tiene ni pies ni cabeza, menos viabilidad política.
Nos comentan, que, al gobernador Miguel Riquelme no se le olvida la forma en que Román despotricaba en su contra cuando era precandidato en el 2017. Incluso, que lo trataba con cierta discriminación, lo veía del hombro hacia abajo, nunca fue sincero su apoyo y respaldo al hoy señor gobernador de Coahuila. Y que no sería ninguna casualidad que de no recibir el respaldo para ser candidato a gobernador en el 2023, traicione el proyecto de sucesión del gobernado Miguel Riquelme. ¿Será?
Y hablando de los priistas anticipados y prevenidos, la bancada de los diputados federales se adelantó a “marcar territorio” en Coahuila. La semana pasada, estuvieron —casi— todos en Saltillo, donde realizaron trabajos de su reunión plenaria, previa, al periodo ordinario que comienza en septiembre. Según su coordinador, Rubén Moreira Valdés, armaron propuestas en salud, presupuesto, seguridad, campo, educación.
Quien sí sorprendió a sus excompañeros de partido cuando se encontraban echando coffee break en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Fue el Diputado Federal, Shamir Fernández Hernández, quien en conferencia de prensa —dio madruguete— anuncio que renuncia a la militancia del PRI porque su dirigente nacional, “Alito” Moreno, perdió toda calidad moral con los “audiogates” y la confianza de los priistas para representar con dignidad y orgullo al priismo de México, además, que no representa las causas sociales que el país necesita. Más tarde, recibió felicitaciones y la bienvenida por parte de Ricardo Mejia. ¡Pos´ quiubo!
Se sabe que, Shamir Fernández, tiene las puertas abiertas en Morena para incorporarse de lleno a las tareas de promoción y defensa del voto para el proceso electoral del 2023. Quien, además, buscará desde de Morena la alcaldía de Torreón en 2024. Desde aquí, le deseamos el mejor de los éxitos en su nueva etapa política.
El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, festejó su cumpleaños número 56 con una fiesta celebrada en su casa, en el municipio de Arteaga.
Moreira, al que se responsabiliza del endeudamiento multimillonario que carga el Estado, no escatimó recursos para festejarse. La invitada de honor fue la profesora Elba Esther Gordillo, con quien Moreira sostiene una larga amistad ligada a su actividad como docentes.
El gobernador Miguel Riquelme, ocupado con el rescate de los mineros en Sabinas, no pudo asistir, pero envió en su representación al presidente del Congreso local, Eduardo Olmos Castro, quien fuera Presidente Municipal de Torreón cuando Moreira ocupó la gubernatura.
La celebración y los personajes que acudieron a cantarle “Las Mañanitas”, sugieren que Humberto Moreira no se quedará quieto durante las campañas para elegir al nuevo gobernador de Coahuila. ¿Tendrá aún poder para jugar a las vencidas contra el PRI?
La historia social es cíclica y el desastre minero de las últimas semanas en el municipio de Sabinas, nos recuerda que, hace 53 años sucedió la peor tragedia minera coahuilense. Era 31 de marzo de 1969 y en Barroterán, una explosión de gas acababa con la vida de 153 hombres. Fue la mayor tragedia minera de los últimos 100 años en la región carbonífera de Coahuila, la que empezó a atraer las miradas sobre esta tierra donde al carbón se le llama rojo por la sangre que se derrama para extraerlo, la que provocó que se iniciara un registro más sólido sobre las víctimas. Desde entonces, un lugar asociado con el mineral y la muerte, que estos días, en los que 10 obreros permanecen sepultados en el fondo de un pozo, resurgen en la memoria y la conversación.
En la memoria colectiva y registros periódicos de la época, se documenta, que el trueno se escuchó por todo el pueblo. Una lengua de fuego ascendió hasta el cielo y después de la confusión y humo: una enorme columna negra se levantó sobre la boca de las minas de la extinta “Compañía Minera de Guadalupe”. Barroterán nunca volvió a ser el mismo, dejó de ser un pueblo para convertirse en un cementerio, en un enorme homenaje a los mineros caídos, con estatuas y rotondas en su honor. La tragedia fue de tal magnitud que la edición española de la revista “Life” la llevó en su portada, con el titular “El infierno de Barroterán” y la fotografía de uno de los mineros que participó en el intento de rescate, con la cara ennegrecida de carbón y una expresión perdida en el rostro.
La realidad, es que las tragedias se repiten en esta tierra con frecuencia traumática. En 2001, fallecieron 12 hombres en el pozo “La Morita”, también por una explosión de gas. Lo mismo sucedió en 2006, en “Pasta de Conchos”, donde murieron 65 obreros, todavía, 63 de los cuerpos siguen sin ser recuperados. En junio de 2021, fueron 7 personas que nunca salieron de las galerías por culpa de un derrumbe en Múzquiz. El último caso, sucedió el pasado 03 de agosto en un pozo de Sabinas. Son solo algunos de los ejemplos de una región que ha visto morir a más de 3 mil 100 mineros desde que empezó a extraerse carbón en el siglo XIX, de acuerdo, con el recuento que llevan los familiares de las víctimas.
Un dato importante, es que el 99 por ciento del mineral que compra la Comisión Federal de Electricidad —Empresa Productiva del Estado— pieza clave en la Reforma Eléctrica que quiere realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende expulsar a las empresas privadas del sector y otorgarle más poder para lograr la “soberanía energética”, proviene de Coahuila.
La angustia del rescate tras la inundación del pozo se ha topado con otra incertidumbre alrededor del desastre en Coahuila: un alud de irregularidades, sospechas de corrupción y negligencias que detonaron el colapso y han dificultado las labores de rescate. Los especialistas en Geología, Protección Civil y Minería, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han desgranado sus dudas y cuestionamientos sobre cuáles fueron las fallas que se cometieron, quiénes fueron los responsables y qué tiene que cambiar en la industria para evitar que una emergencia como esta vuelva a repetirse.
Las conclusiones preliminares indican que no se tomaron las precauciones necesarias ante la presencia de agua y gas metano en el subsuelo ni se estudiaron las condiciones geológicas que podían afectar la extracción de carbón. Tampoco funcionaron los sistemas de alarma, las rutas de evacuación ni hubo un seguimiento de la obra civil, de la estructura o de la necesidad de estabilizar el pozo y los túneles, de acuerdo con la información que se ha hecho pública. Los investigadores señalan que no hay planos de la mina, bitácoras para monitorear el trabajo de los mineros ni documentos que acrediten que se haya cumplido con los protocolos o que se les haya capacitado para responder a una emergencia. Esto hace que los rescatistas vayan a ciegas y que definan su estrategia conforme van enfrentando estos obstáculos. En tanto, es posible que las labores de rescate se prolonguen por varias semanas.
La ley minera establece que las empresas deben garantizar las condiciones de seguridad para que el gobierno les otorgue una concesión de explotación. En el caso de la mina colapsada en la zona de “Las Conchitas”, la concesión fue otorgada en 2003 a “Minera Río Sabinas, S.A. de C.V.”, pero después la transfirió a la “Compañía Minera El Pinabete, S.A. de C.V.”, esta última no está afiliada a la Cámara Minera, no hay información fiscal ni de sus protocolos de seguridad, es un contexto sumamente opaco y un tema francamente preocupante.
El supuesto propietario de la mina, Cristian Solís Arriaga, es un joven trabajador, sin ningún tipo de riqueza y que muy posiblemente sea un prestanombres. En el trasfondo del rescate también se ha señalado a Regulo Zapata, exalcalde de Sabinas, como uno de los dueños reales. El político se ha deslindado de cualquier vínculo con “El Pinabete”. La polémica ha llegado hasta la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, ha dicho que la hipótesis de que Solís Arriaga sea prestanombres es factible y ha exhortado a la Fiscalía General de la República para dar con todos los responsables.
La norma oficial sobre minas subterráneas -NOM-032-STPS-2008- establece que los trabajadores deben usar equipo de protección personal, contar con servicios de seguridad y una brigada propia de rescate, recibir atención médica y capacitación periódicas, identificar los riesgos y acreditar el cumplimiento de la normativa como obligaciones del patrón. En el fondo del colapso de Sabinas y de episodios como “Pasta de Conchos”, se tocan los factores políticos, sociales y técnicos con la precariedad y la falta de garantías para los mineros, que han asegurado que regresarían a trabajar ante la falta de oportunidades y alternativas laborales. El fin de las empresas es priorizan sus ganancias, lo demás queda en segundo plano.
En otras palabras, la normativa está bien definida, pero el problema es que no se vigila que se cumpla la ley. Los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no son suficientes y cuentan con pocos recursos. No son los únicos que han hecho estos señalamientos y la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha rebatido en un comunicado que prácticamente cuatro de cada diez inspecciones mineras se han realizado en la zona carbonífera de Coahuila, 387 en los últimos tres años, que el 84 por ciento de las concesiones que se han suspendido están en malas condiciones y que tres de cada cuatro multas que se imponen son a mineras de Coahuila, donde se extrae el 99 por ciento del carbón en México.
Cuando suceden este tipo de situaciones, la lógica parece ir en contrasentido, entre más días pasan se va perdiendo la esperanza de rescatarlos con vida, sin embargo, a medida que le tiempo avanza las pruebas de corrupción y tráfico de influencias aumentan.
Como es el caso del Cabildo de Sabinas, quienes autorizaron la operación de mina siniestrada en 2012, luego de quedar acreditada la constitución de la sociedad denominada “Compañía Minera El Pinabete, S.A. de C.V.”.
A pesar de que el terreno en donde se ubica la mina “El Pinabete” está considerado como “Zona de Alto Riesgo”. En la sesión de Cabildo del 05 de marzo del 2019, los síndicos, regidores y el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, autorizaron por unanimidad modificar esa restricción, con lo que el Uso de Suelo pasó a ser de Industria Extractiva, en respuesta a la petición del entonces dueño del predio concesionado, Héctor Omar Villarreal González.
Fue precisamente el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, quien aceptó el trato propuesto por Héctor Omar Villarreal González, quien donó un terreno, sin escrituras e irregular, a cambio de la autorización del Cabildo.
El Acta de Cabildo precisa que Héctor Omar Villarreal González construiría una mina subterránea en un terreno catalogado como “Zona de Alto Riesgo”, y a cambio donaría un predio que no contaba con escrituras. Aun y con esas irregularidades, el Cabildo aprobó el cambio de Uso de Suelo y se regularizara el terreno donado, y se “protegieron” con la creación de una comisión para el “desarrollo extremo” de los trabajos de esta mina.
El 27 de marzo del 2012, Héctor Omar Villarreal González y Héctor Omar Villarreal Beltrán, padre e hijo, constituyeron la sociedad denominada “Compañía Minera El Pinabete, S.A. de C.V.”, con un Capital Social de 50 mil pesos y registro federal de contribuyentes “CMP120327479”, con domicilio fiscal en la ciudad de Sabinas, según consta en el archivo del Registro Público del Comercio de Coahuila.
El 10 de enero del 2019, Héctor Omar Villarreal González y Héctor Omar Villarreal Beltrán, mediante, una Asamblea General de Socios autorizaron el traspaso de acciones y salida de la sociedad, por motivos particulares. Los nuevos accionistas de la “Compañía Minera El Pinabete, S.A. de C.V.”, son Luis Rafael García-Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, quienes adquirieron las 50 acciones de Capital Fijo con un valor nominal de 1 mil pesos cada una.
Héctor Omar Villarreal González es hermano del político priista José Luis Villarreal González más conocido como “La Agujita”, quien fuera Subsecretario de Unión, Enlace y Planeación de la Secretaría de Desarrollo Social, en el gobierno de Rubén Moreira Valdés.
“La Agujita” es padre de Fernando Villarreal Cuellar, actual Director de Servicios Públicos de Torreón en el gobierno municipal de Román Alberto Cepeda González, quien fuera Titular de la Secretaria del Trabajo en el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, de 2017 a 2021.
El 09 de enero del 2007, Héctor Omar Villarreal González y Héctor Omar Villarreal Beltrán, constituyeron otra sociedad denominada “Instituto de Estudios Profesionales de Alto Desarrollo, S.A. de C.V.”, con un Capital Social de 50 mil pesos y registro federal de contribuyentes “IEP061205BXA”, con domicilio fiscal en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, según consta en el archivo del Registro Público del Comercio de Coahuila.
El 01 de marzo del 2010, modificaron el protocolo de notarial para agregar en el objeto social, el impartir capacitación a recursos humanos.
El 19 de mayo de 2010, traspasan las acciones de sociedad a la señora Mercedes Guadalupe Cuellar González, quien designa como Apoderado Legal a su hijo José Luis Villarreal Cuellar, madre y hermano de Fernando Villarreal Cuellar, respectivamente.
La Presidencia Municipal de Piedras Negras, entre el 10 de septiembre y el 24 de octubre de 2013, adjudico a la sociedad “Instituto de Estudios Profesionales de Alto Desarrollo, S.A. de C.V.”, el contrato denominado “Elaboración de diseño de un programa de prevención de adicciones y la violencia”, por la cantidad de 430 mil pesos.
También, entre el 25 de septiembre y el 29 de octubre de 2013, fue adjudicó el contrato “Elaboración del programa Red de escuelas de prevención social de las violencias en Piedras Negras”, por la cantidad de 260 mil pesos.
La Secretaria de Finanzas de Coahuila, entre el 27 de noviembre y el 03 de diciembre de 2018, adjudico a la sociedad “Instituto de Estudios Profesionales de Alto Desarrollo, S.A. de C.V.”, el contrato denominado “Contratación de 292 cursos e implementación de varios talleres para el Programa Hábitat Vertiente Desarrollo Comunitario Ejercicio 2018”, por la cantidad de 1.3 millones de pesos.
El 19 de mayo del 2010, la señora Mercedes Guadalupe Cuellar González y Vanessa Villarreal Cuellar, madre e hija, adquieren mediante traspaso las acciones de la sociedad “Constructora y Promotora PALI, S.A. de C.V.”, con un Capital Fijo de 100 mil pesos y registro federal de contribuyentes “CPP980914F12”, con domicilio fiscal en la ciudad de Torreón, Coahuila, según consta en el archivo del Registro Público del Comercio de Coahuila.
Cabe mencionar que la sociedad “Constructora y Promotora PALI, S.A. de C.V.”, desde 2012 a 2017, obtuvo contratos de obra pública por parte de la Secretaria de Finanzas de Coahuila —vía adjudicaciones directas— que suman casi 100 millones de pesos. Actualmente, aparece en el Padrón de Proveedores y Contratistas del Municipio de Torreón, Coahuila.
No cabe duda de que, siempre son los compadrazgos y los favores políticos, los que terminan por hundir al pueblo.
Nos leemos en la próxima… ¡no olvides compartirla!
