POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
http://enfoqueanaliticosct.blogspot.com
La noticia es lamentable, pero es recurrente, y esa recurrencia es ignominiosa en la medida en que sucede de manera periódica y nada se hace al respecto. Los hombres que trabajan en las minas de carbón lo hacen bajo condiciones de seguridad precarias, nula supervisión por parte de autoridades y muchos de ellos sin seguridad social y en esos lugares se contratan hasta menores de edad. Se labora a profundidades de más de 60 metros con temperaturas insoportables de más de 50 grados con raquítico equipo de seguridad personal. El pago es de entre 100 y 150 pesos por tonelada de carbón, y el pago a destajo, es decir, depende de las toneladas extraídas el salario diario, pero eso sí, los contratos de los dueños de esos “pocitos” con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son millonarios, tan redituables que deberían generar mejores condiciones no solo salariales, sino de seguridad en cuanto a avituallamiento personal y estudios hidrogeológicos para la factibilidad de la explotación con el mínimo de riesgos para los trabajadores. El problema es que muchos de esos pocitos perteneces a políticos o amigos de políticos y producen buenos sobornos para que la autoridad sopese seguridad contra ganancia y siempre gane la última. Las tragedias son inevitables y pueden suscitarse en cualquier momento, ningún tipo de precaución humana relacionada con la tecnología es capaz de brindar seguridad total, pero los riesgos pueden minimizarse considerablemente y en caso de accidentes la justicia económica para los familiares puede ser una realidad. Lo recientemente sucedido en Sabinas nos vuelve a mostrar lo mismo de siempre: indiferencia e indolencia de las autoridades, pésimas condiciones laborales y un montón de políticos que fingen preocupación e interés por personas que no les importan y por condiciones laborales que desconocen por completo. La labor de la autoridad en este momento debe ser la de búsqueda y rescate, pero no termina ahí hasta que vuelva a suceder otro accidente, debe haber una labor constante de supervisión técnica y especializada en cada uno de estos lugares de trabajo para asegurar que se cuenta con las medidas de protección laboral adecuadas, pero también revisar el estatus de cada trabajador que cumpla con la mayoría de edad y que tengan seguridad social y sancionar o retirar concesiones a quienes no cumplan con esos requisitos laborales en sus pozos. La urgente necesidad de la CFE del carbón de la región no debe estar nunca por encima de los Derechos Humanos. Hasta el momento estamos viendo historias ya repetidas, sociedad indignada en redes sociales, pero llegando las elecciones de legisladores los grandes críticos de la red olvidan sucesos lamentables como el que hoy nos acontece, los tres órdenes de gobierno comienzan a culparse, los medios hacen “su agosto” con la noticia y las redes estallan politizando lo sucedido y la situación sigue siendo exactamente la misma. Debemos exigir a quienes hacen las leyes mayor regulación, mejores salarios para los trabajadores, sanciones ejemplares para dueños indolentes y justicia para los familiares. Duele ver lo mismo de siempre: personas rogando a Dios que todo este bien, pero manteniendo el mismo sistema podrido que al final solo ve a los trabajadores como números y medios para obtener grandes ganancias.
