Torreon, Coah.
Edición:
17-Jun-2024
Año
21
Número:
909
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¿SERÁ VERDAD? / 829


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Por:
La Comadre
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26-06-2022
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POR: LA COMADRE

En los últimos 34 años, el PRI pasó de gobernar el 100 por ciento de los mexicanos a sólo el 17.7 por ciento. Contario a lo que quiere aparentar Alejandro “Alito” Moreno, los expresidentes del PRI siguen presionándolo. La semana pasada, le entregaron una carta para exigirle que convoque anticipadamente al proceso para relevarlo; el mensaje es claro, por si alguien tenía dudas, no están dispuestos a aceptar que pretenda prorrogar su mandato.

Frente a la crítica de Miguel Osorio Chong y de los exdirigentes, el Consejo Político Nacional les dio una respuesta en voz de Rubén Moreira: “las derrotas son por el Fobaproa, el alza de impuestos, la reforma energética que terminó en un gasolinazo y de la educativa que nos separó de los maestros, porque nos alejamos del pueblo y se cambió la pedagogía partidista por el marketing”, dijo.

Así que más allá de si “Alito” Moreno se va ahora o en 2023, la tragedia del PRI es, que ni cuando el presidente de la República es de otro partido pueden guardar sana distancia. Y que el único gobernador priista que se ha atrevido a defender su militancia es Miguel Riquelme en Coahuila.

Como la historia es circular y nadie aprende del pasado, ahora se empieza a dar este fenómeno con miras a las candidaturas para gobernador del año próximo. Y como se ha visto actuar a espaldas de la militancia a la llamada “Santísima Trinidad Tricolor”: Alejandro “Alito” Moreno, Rubén Moreira y Carolina Viggiano, desde su “búnker” de Insurgentes Norte.

No reparan en un hecho: justamente de ahí han salido los candidatos, todos perdedores, de un partido al cual recibieron con 14 gubernaturas y solamente les quedan dos.

Pero hay un detalle: difícilmente ellos podrán intervenir en el Estado de México y Coahuila, donde Alfredo del Mazo y Miguel Ángel Riquelme son mano y tienen los ases.

Del Mazo abiertamente defendió su feudo y decidió retirar a sus funcionarios impulsados desde Insurgentes y Avenida Colosio. El mensaje a “Alito” Moreno es, aquí mando yo. Porque Del Mazo decidirá, para ello tiene una mujer casi ungida, simplemente, en espera de confirmar cómo dar paridad de género para respetar la Constitución y las leyes electorales.

En esos términos, pareciera sobresalir Miguel Ángel Riquelme, quien mantiene el control político de Coahuila y ha perfilado a Manolo Jiménez Salinas como su sucesor.

A todo esto, y que se renovó la dirigencia municipal del PRI en Torreón, increíblemente, las puertas el instituto político siguen cerradas, no están trabajando en lo más mínimo. No hay duda, como hace falta Shamir Fernández al priismo torreonense.

En noviembre de 2020, se dio a conocer que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) inició esta indagatoria contra Ismael Ramos Flores y otros ex colaboradores del gobierno de Rubén Moreira en Coahuila.

La carpeta de investigación FED/FECC/FECC-COAH/0000087/2019 fue abierta por una denuncia que, el 03 de junio de 2019, presentó la Secretaría de la Función Pública (SFP) por pagos ilegales de la Secretaría de Finanzas de Coahuila con cargo a fondos públicos.

La SFP se querelló contra los exfuncionarios porque se gastaron al menos 475 millones de pesos del Fortafin en 15 contratos de consultoría y servicios profesionales, de los cuales no hay evidencia de que efectivamente hayan sido proporcionados.

En este asunto, la Función Pública también denunció a Antonio Zerón Puga y Nazario Salvador Iga Torre, este último, primo político de Alejandro Montes Núñez y Francisco Tobías Hernández, quienes se desempeñaron como director general y director de Adquisiciones, respectivamente, en la Secretaría de Finanzas de Coahuila.

Como referencia, cuando denunciaron por desvío de recursos públicos a Gerardo Ruiz Esparza, quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, éste falleció al poco tiempo por la depresión que enfrentaba sus acusaciones. Deseamos que no le suceda lo mismo a “Lito” Ramos, sería otra víctima más que acumularía Rubén Moreira.

Hace unos días, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), anuncio que va por las “factureras fantasmas” que operaron durante el gobierno de Rubén Moreira y que ahora están en la mira de la FGR.

Desde el año 2014, el Gobierno de Coahuila, facturó más de 719 millones de pesos a “empresas fantasmas” del norte del país. De acuerdo con la investigación “expanden factureras de Nuevo León operaciones a otros estados”, elaborada por “Border Hub”, el gobierno encabezado por Rubén Moreira se habría valido de compañías falsas o de papel, boletinadas por el SAT para justificar una serie de egresos.

Decenas de facturas a las que tuvo acceso el medio “El Norte”, reflejan como los gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, pagaron 2 mil 252 millones de pesos a 308 “factureras” entre el 2014 y el 2019; de las cuales el 53% se ubican en Nuevo León, el 18% en Coahuila, el 14% en Tamaulipas, el 6% en CDMX, el 3% en Jalisco y el resto en otras entidades.

Una de las empresas detectadas por el SAT, denominada “Gesta Proveedora de Insumos y Servicios Industriales”, facturó 19.7 millones de pesos a la administración de Rubén Moreira bajo conceptos como desarrollo de software y renta de sonido.

Otra es la empresa “Comercializadora Vilansa“, catalogada, también, por el SAT como “facturera” y que habría sido contratada por Rubén Moreira para la compra de cobijas y materiales de construcción.

En total, “Comercializadora Vilansa” fue una de las empresas más beneficiadas de una red de 47 firmas ubicadas en Nuevo León que facturaron 933.4 millones de pesos, tanto a esta entidad, como a Coahuila y Tamaulipas, entre 2014 y 2019, y que forman parte de la lista de “Empresas que Facturan Operaciones Simuladas” (EFOS) del SAT.

Estos señalamientos se suman al escándalo de las empresas fantasmas del 2016 durante el gobierno de Rubén Moreira que le costaría su puesto a María Esther Monsiváis Guajardo, la famosa “Marucha”, brazo derecho de Rubén Moreira tras demostrarse pagos millonarios a empresas formadas por ex empleados de la funcionaria estatal. Así como a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por tener errores, faltantes u observaciones por 837 millones de pesos en las cuentas públicas del 2016.

Entre priistas, alertan que habrá guerra entre los hermanos Moreira, que pondría en grave riesgo la elección de Coahuila en 2023.

Desde 2016, los Moreira están peleados a muerte: Humberto Moreira acusa a su hermano de traición y, de hecho, fue Carolina Viggiano, esposa de Rubén Moreira y ex candidata del PRI al gobierno de Hidalgo, quien promovió la expulsión de su cuñado de las filas del PRI. Para nadie es un secreto que ambos siguen influyendo en Coahuila, donde habrá elecciones para gobernador en 2023; obvio, lo que hagan uno y otro definirá el rumbo político de Coahuila, todavía bastión del PRI.

Y en medio queda el gobernador Miguel Riquelme, quien, según los cercanos a Humberto Moreira, no dejará que Rubén Moreira meta las manos en la sucesión. También, están en medio Manolo Jiménez Salinas, actual secretario de Inclusión y Desarrollo Social, identificado por la clase política coahuilense como el aspirante oficial, y el diputado federal Jericó Abramo Masso, quien exige piso parejo para la selección del candidato priista.

En los hechos, ya se está armando una campaña contra Rubén Moreira, actual coordinador de la bancada priista en San Lázaro. Lo culparán de no lograr que su esposa ganara en Hidalgo y antes, por perder Campeche en 2021, siendo que “Alito” Moreno lo colocó como delegado especial en la entidad.

Porque al momento en que Humberto Moreira considere que el Comité Ejecutivo Nacional y Rubén Moreira se están apropiando de la designación del candidato, sus seguidores, que aún los tiene, y muchos, operarían para abrir paso al abanderado de Morena, a quien ya le pusieron nombre y apellido: Ricardo Mejía Berdeja, actual subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, viejo amigo del profesor Humberto Moreira. En otras palabras: los “humbertistas” apoyarían al morenista que, por cierto, también tiene una gran amistad con Miguel Riquelme.

Las “corcholatas” coahuilenses intentarán disciplinarse, no van a ir solas en el proceso, sus tribus van a presionar cada vez más, porque no solamente querrán imponer a su candidato, también querrán fortalecer posiciones al interior del partido con todo lo que esto significa.

Hablando de Ricardo Monreal, tiene los días contados como coordinador de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Esa es la visión de legisladores del partido guinda que encabezan un movimiento para empujar el relevo en su bancada con dos coyunturas en ciernes: el arranque del periodo ordinario de sesiones, en septiembre, y la carrera por la residencia en 2024.

Si bien es cierto que el zacatecano recibió una bocanada de aire fresco con la liberación de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la JUCOPO, también, lo es que muchos la vieron como una concesión del presidente López Obrador.

En el caso de la presidencia de la Mesa Directiva, la disidencia ya tiene algunos candidatos: José Narro, José Antonio Álvarez Lima y César Cravioto; mientras que los afines a Ricardo Monreal pusieron al frente al poblano Alejandro Armenta.

Cambiando de tema, recientemente se publicó un artículo referente a los sueldos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila (TSJE). En donde se menciona, que a pesar, de que cuentan con un mayor presupuesto anual para que los jueces tengan mejores salarios y evitar actos de corrupción al interior del Poder Judicial, estos se encuentran por debajo de la media nacional.

De acuerdo al magistrado presidente, Miguel Mery Ayup, indicó que un actuario tiene un sueldo de 16 mil pesos mensuales, mientras que realiza de 10 a 12 notificaciones diarias. Además, que en el Poder Judicial Federal, un secretario de Juzgado de Distrito gana más que un magistrado del TSJE. Y que la carga procesal del Poder Judicial es de 200 mil expedientes al año.

Hace unas semanas, el gobernador Miguel Riquelme tomo protesta al Consejo Regional de la Abogacía Lagunera que preside el ex magistrado Jesús Gerardo Sotomayor Garza. La iniciativa nace precisamente por la falta de liderazgo de Miguel Mery Ayup con los diferentes colegios y barras de abogados en La Laguna, es decir, el gremio de abogadas y abogados litigantes, literalmente, esta suelto, lo cual ha generado múltiples quejas por actos de corrupción en el Poder Judicial de Coahuila.

Es un secreto a voces, que el magistrado presidente del TSJE, nunca ha pisado un juzgado civil, mercantil o familiar, menos aún, ha acompañado una víctima u ofendido a interponer una denuncia o querella ante la Fiscalía General del Estado. En otras palabras, nunca ha presentado una sola demanda a título propio, nadie lo conoce en el mundo de los “abogansters”.

Por tradición, las barras de abogados, escuelas de derecho, notarías y despachos particulares, tiene como símbolo, adorno, emblema o iconografía de algún búho o lechuza, simplemente, como una cuestión de costumbre.

Por otro lado, quienes se refieren al búho como emblema del Derecho lo hacen más por el ser y sentido del animal, que bien es similar a la lechuza, pero sin tener su origen en una narrativa griega. Se sustenta que dicha ave representa la paciencia, la prudencia, la sabiduría y la observación, las cuales se identifican con su comportamiento altamente sereno como depredador, así como su manera de girar su cuello a más de los ciento ochenta grados, teniendo una perspectiva completa y objetiva de su entorno, como debidamente lo debe asimilar un buen abogado, especialmente al momento de litigar.

Desde que Miguel Mery Ayup preside el TSJE, se comenta en los pasillos de los juzgados, que ahora el Poder Judicial tiene como símbolo y emblema a un “perico”, el que entendió, entendió.

Esta semana se cumplen los primeros seis meses del gobierno del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González. Hace pocos días, reunió a su gabinete municipal para realizar una evaluación y balance de los resultados del primer semestre. La conclusión es que Torreón enfrenta problemas de ingobernabilidad causados por conflictos de interés y una gran crisis de agua.

Al respecto, y como una estrategia urgente para atender la problemática de escasez de agua, comenzó a regalar bolsas de agua de 5 litros de una reconocida empresa expendedora de agua potable en los sectores de mayor conflicto; ni a Samuel García se le hubiera ocurrido tan “fantástica” idea.

No se trata de descubrir el hilo negro, ni buscar recetas mágicas, la eficiencia del SIMAS Torreón se logra trabajando día a día y haciendo una estrecha alianza con el Sindicato para atender las fugas en un tiempo récord, en otros lugares, se le llama planeación.

La cartera vencida siempre existe en una empresa, hay que incentivar los convenios con deudores frecuentes e históricos. La perforación de nuevos pozos es buen comienzo pero lleva tiempo. Interconectar pozos es otra de las soluciones, pero se debe hacer en tiempos récord. Se requiere tandeo en las zonas de mayor conflicto.

La idea de tener agua no es para que la gente la desperdicie, es para generar bienestar en los hogares, que las amas de casa sientas alivio en no tener que ir a buscar agua en botes para las necesidades básicas, a eso se le llama darle dignidad a los torreonense.

Al alcalde se hace falta conocer cómo opera el SIMAS Torreón, la gestión para el abasto del agua, es principalmente, un problema hidroeficiencia electromagnética. Solo en el primer trimestre SIMAS Torreón ejerció un presupuesto de 201 millones de pesos.

Es raro que las empresas que comercializan agua purificada, hielo, auto lavados, no se han quejado que no haya agua. Ni siquiera se ha realizado un censo en viviendas para conocer las principales deficiencias.

El desperdicio de agua en el SIMAS Torreón es brutal: 900 litros por segundo. Esto equivale a llenar 54 tinacos de mil litros cada minuto, 3,240 cada hora, 77,760 cada día. Llenarle un tinaco a cada usuario del SIMAS Torreón cada 3 días, sólo administrando el desperdicio de agua en tuberías.

Entre arreglar las tuberías para evitar ese desperdicio o hacer puentes, las autoridades eligen hacer los puentes.

Parece que Román Alberto Cepeda está desorientado, ha perdido la perspectiva, es un error haberse auto destapado con una encuesta sin fundamentos ni metodología. Pobre de ¡Mi Querido Torreón!

 

Nos leemos en la próxima… ¡no olvides compartirla!

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