POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
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Dentro de la propuesta de reforma electoral que el presidente ha enviado a la cámara de diputados que plantea la modificación de 18 artículos constitucionales, resalta una de ellas que, me parece, resulta ser de trascendencia no solo pertinente, sino necesaria, y es la referente a la disminución de 500 a 300 diputados en la cámara baja. La propuesta es positiva por varias razones, la primera de ella es que el país está dividido en 300 distritos, los cuales están debidamente representados por los legisladores que en campaña obtuvieron la mayoría de los votos que les dieron el triunfo y el acceso a una curul. Los plurinominales o 200 restantes son asignaciones que la ley contempla para permitir que partidos no ganadores tengan acceso a representatividad, pero sin hacer ningún tipo de esfuerzo, sino pertenecer a una élite que ha permitido durante muchos años que los mismos políticos de siempre se la pasen brincando de cámara en cámara cobijados bajo el manto de la representación proporcional. Si un político terminó mal y con bajos índices de aprobación en un cargo público o repudiado por su pueblo, mediante la plurinominalidad seguirá ejerciendo como diputado o senador sin necesidad de un solo voto ciudadano. Por ello, la representación proporcional más que asegurar representatividad asegura cargos a miembros de la cúpula del poder partidista. En segundo lugar, 200 legisladores menos no merman en lo absoluto la representatividad del pueblo, desde luego que hay quienes piensan que se corre el riesgo de un control absoluto de la cámara de diputados por parte del gobierno federal, y puede ser cierto, pero antes de llegar a esa conclusión vale la pena echar un vistazo a las causas que ha provocado que un solo partido esté pintando de un solo color el país entero, es decir, reflexionar sobre lo que se debe hacer bien para asegurar representatividad en la próxima elección. En tercer lugar, el ahorro sería bastante significativo, pues un diputado tiene un sueldo anual de 902 mil 460 pesos, que multiplicado por 200 nos da un ahorro anual de más de 180 millones de pesos, sin contar las prestaciones como asistencia legislativa, aguinaldo, gastos funerarios, primas por antigüedad, seguros de vida, etc. En última instancia, me parece que el argumento para rechazar la depuración plurinominal vendrá de los partidos de oposición que sobreviven gracias a este mecanismo, y desde luego argumentarán que el presidente busca un control total del poder legislativo, y ante ese supuesto estoy de acuerdo con que se analice la pertinencia de mantener este sistema de RP; sin embargo, lo que sí es una realidad es que es necesaria una disminución de la cantidad de diputados y senadores que representan más una carga presupuestal y un listado de élite partidista que auténticos representantes de un pueblo con necesidades infinitas. La reforma en sí trae buenos elementos más allá de la rivalidad del presidente con el INE y me parece que merece la pena ser analizada sin filias ni fobias, sino acorde a las necesidades de nuestro país y a raíz de los últimos años en que el panorama político se ha vuelto tan oscilante que en los últimos 22 años han gobernado tres partidos diferentes que bien merecemos un andamiaje nuevo para garantizar los principios rectores de la función electoral ante tan variopinto escenario político.
