POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
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Luego de los resultados electorales del pasado domingo 5 de junio en que el partido morena se llevó la mayoría de las gubernaturas en disputa (cuatro de seis), y ya modificado el mapa político en México en favor del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, surgen los ecos “naturales” de toda elección en la que los vencidos buscan los medios legales para impugnar los resultados y tratar de obtener alguna ventaja por mínima que esta sea, porque en elecciones cada voto cuenta aunque se pierda la contienda. Sin embargo, en Tamaulipas sucede un fenómeno interesante que, en lo personal, jamás había visto y menos de parte del partido ganador. Y es que en redes sociales un grupo de ciudadanos afines al partido morena que resultó ganador el pasado 5 de junio en dicho Estado fronterizo están solicitando al Tribunal Electoral eliminar algunos votos a favor del partido derrotado, esto debido a que muestran algunas boletas en donde ciudadanos manifiestan haber votado de manera “obligada” y lo hacen saber de manera escrita en la boleta después de haber mandado la evidencia del voto a quienes los obligaron a hacerlo. Es decir, votaron por quien los obligó, tomaron la fotografía, y después manifestaron en la boleta que fueron obligados, pero que su voto era para el candidato morenista. Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha emitido un catálogo de votos válidos y nulos que en Instituto Nacional Electoral (INE) difunde a los escrutadores de la mesa directiva de casilla para que puedan interpretar un voto no muy claro en favor de cualquier candidato durante los procesos de capacitación previos a la jornada electoral, sin embargo, dentro del catálogo no existe este tipo de ejemplos en donde se anule un voto en favor de un partido cuando existe una leyenda expresa de que el ciudadano fue obligado a votar, lo cual, me parece, debe ser tomado en cuenta por el tribunal, porque nos guste o no aceptarlo, seguimos padeciendo la coacción del voto, pero ahora se comprueba la emisión del mismo con una captura fotográfica a través de un celular, lo cual sin duda pone en tela de juicio la confidencialidad del sufragio. La exigencia debe ser tomada muy en serio, pues es bien sabido que quienes detentan el poder hacen uso de recursos para retenerlo en cada elección y muchos de estos recursos son condicionados a cambio de la prueba digital del voto. Por ello, se deben tomar una de dos acciones: o se prohíbe el uso de celulares dentro de la casilla, lo cual atentaría contra la privacidad de las personas y supondría una vigilancia mayor por parte de funcionarios de mesa directiva de casilla, o que el Tribunal modifique el catálogo y permita que los ciudadanos puedan hacer uso de estas leyendas manifestando el sentido real de su voto en la boleta en un espacio específico para ello a pesar de la intención evidente de su voto; pues de no hacer nada al respecto seguiremos bajo la coacción del voto por parte de candidatos y partidos sin escrúpulos que han hecho del poder público nichos personales de mejora en su calidad de vida y no de la mejora del bien común. La petición de estos simpatizantes debe ir más allá de solo anular votos, debe ir en el sentido de prevenir en futuros comicios prácticas añejas e ignominiosas que solo generan desconfianza e inhiben la participación ciudadana en la construcción de la democracia.
