POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
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Fue el premio de consolación ante el revés a la iniciativa gubernamental de reforma eléctrica que el fin de semana no superó la prueba de mayoría calificada en la cámara de diputados. La nacionalización del litio, o de la explotación de este material que se usa para fabricar baterías de computadoras portátiles, vehículos eléctricos, teléfonos y cámaras digitales, etc., ha sido el desquite del gobierno federal ante los partidos de oposición que se negaron a la iniciativa presidencial. Se trata de una reforma a una ley ya existente: la ley minera que reserva exclusivamente para el Estado la exploración y aprovechamiento de este mineral. En nuestro país las palabras nacionalización y privatización nos evocan momentos malos; pero para este caso, me referiré exclusivamente a la nacionalización y ante ello tenemos varios ejemplos que históricamente nos han traído pérdidas, corrupción e ineficiencia. Basta con mencionar las industrias petrolera y de energía eléctrica que durante toda su existencia han sido saqueadas y utilizadas como “cajas chicas” por los gobiernos en turno y se han caracterizado por ser agencias de colocación laboral de familiares y amigos además de la constante ineficiencia en sus servicios y las pérdidas anuales que distan mucho de ganancias en beneficio del pueblo o por lo menos para autosuficiencia operativa. La idea de proteger de intereses voraces y antipatrióticos la riqueza nacional solo nos ha traído más problemas que soluciones; y es precisamente esa premisa la justificación de la nacionalización del litio en esta administración. Por cierto, es menester precisar un detalle por demás importante; en el caso de la industria petrolera y eléctrica ya existía la infraestructura para la explotación de ambos energéticos, y esto no sucede con el litio; es decir, se acaba de nacionalizar una promesa de explotación que algunos expertos ven difícil de concretar por el gobierno actual. En lo personal, pienso que el gobierno se equivocó en esta decisión, pues las concesiones reguladas y supervisadas no suponen la entrega ni de soberanía ni de corrupción o “amiguismo”; pues una licitación cien por ciento pública solo debe dejar ganancias al gobierno y la generación de empleos a la vez que deja de ser una carga y responsabilidad de la autoridad. Como si este gobierno no tuviera muchos problemas que atender, se echa encima otro más que no solo tiene que ver con la erogación de recursos públicos con el riesgo latente de la eterna corrupción que nos azota, sino que se trata además de un problema medioambiental, pues se estima que la industria del litio consumo 600 litros de agua por minuto para la explotación del mineral, o en otros datos, 2 millones de litros de agua por cada tonelada de sales de litio. Finalmente, se afecta a empresas que actualmente se encuentra en México en fase de exploración en estados como Coahuila, Zacatecas y Sonora que directa o indirectamente están generando empleos. En resumidas cuentas, el fantasma de las privatizaciones ochenteras nos ha hecho cometer el error de una nacionalización que no era necesaria ni mucho menos urgente.
