POR MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
La Comisión Nacional de Búsqueda reconoce que, en el lapso comprendido entre 1981 y 2021, hay más de 73 mil personas víctimas de desaparición forzada en nuestro país, personas de las que se ignora su suerte. Esa cifra ilustra un fenómeno que, lejos de retroceder, crece vertiginosamente. Cada día se vuelve más difícil la vida en nuestro país, especialmente para los jóvenes y más aún para las mujeres. Lo peor es que pareciera que nos vamos acostumbrando tanto a la inseguridad como a la apatía de las autoridades por brindar protección a la ciudadanía. La sensación es de qué la impunidad llegó para quedarse.
La llamada feminización de la desaparición muestra que las mujeres jóvenes son ahora las principales víctimas, lo mismo en Nuevo León que en la ciudad de México, que en Oaxaca o cualquier otro lugar de nuestro país. De acuerdo con el Informe “Desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes en la CDMX, e incidencia delictiva 2014-2019” del gobierno de la ciudad capital las adolescentes y niñas son las víctimas mayoritarias de desaparición con respecto a hombres y mujeres mayores de 18 años. De hecho, en esta ciudad se empieza a documentar un fenómeno nuevo llamado desaparición intermitente porque las víctimas desaparecen durante un periodo que varía de dos días a tres semanas y luego reaparecen, aparentemente sin daños físicos, pero con evidentes daños psicológicos que les impiden explicar su desaparición. Tiempo después desaparecen nuevamente y, casi siempre, reaparecen. La hipótesis es que son “levantadas”, explotadas durante el tiempo de su desaparición y regresadas a su hogar, previamente amenazadas para evitar que denuncien.
En Nuevo León el mismo gobernador (acicateado por las movilizaciones feministas) reconoce que en lo que va del año hay 327 reportes de mujeres desaparecidas, de las cuales 294 han sido localizadas, aunque 5 de ellas sin vida. 33 continúan en calidad de desaparecidas y, quizá lo más grave, es que el gobernador atribuye las desapariciones a problemas de salud mental, de encierro, machismo, drogas y falta de oportunidades, todo ello, según el gobernador, agravado por el Covid.
En Coahuila se reportan 95 desapariciones de mujeres de las cuales ya han sido localizadas 55, una de ellas sin vida. El resto continúa en calidad de “desaparecidas”. Llama la atención la forma en que los funcionarios perciben el problema de la desaparición de mujeres pues técnicamente no se ajustan a lo que se entiende por “desaparición forzada” ya que, según el titular de la Subfiscalía de Personas Desaparecidas, el 98 por ciento son “ausencias voluntarias” pues, según el funcionario, son “mujeres que huyen de sus hogares por razones como violencia doméstica o por problemas familiares”.
En los “análisis” de los funcionarios se observa la coartada de siempre, la explicación que permite que la forma en que funcionamos como sociedad continúe sin alteraciones, una coartada en la que el culpable siempre es la víctima ya sea porque “tiene problemas mentales”, como dice el fosfo fosfo gobernador de Nuevo León, o porque en realidad se trata de “ausencias voluntarias” y no de desapariciones forzadas como afirma el Subfiscal de Personas Desaparecidas de Coahuila.
Así podríamos repasar estado por estado y las explicaciones serían básicamente las mismas. Las palabras serían diferentes, la lógica sería la misma. Las víctimas son víctimas porque no se cuidan o porque andaban en malos pasos. El caso de las mujeres es el más grave y de más urgente solución, pero no es el único. La indefensión es generalizada, cualquiera que sea pobre es víctima potencial. Cualquiera que viva en condiciones de precariedad, como la mayoría de los mexicanos.
