POR: AGENTE 57
Arrancamos.- La Estafa Maestra. - Este fraude sistemático es el resultado de un sistema de corrupción sostenido, avalado y encubierto desde todos los órdenes de gobierno y su consecuencia más visible es la impunidad. Para ello, una muestra: ninguna dependencia de gobierno ha estado exenta de señalamientos por manejo irregular de recursos públicos en las revisiones de la Auditoria Superior de la Federación durante 10 años. Y ocurre así porque «hay muchos incentivos perversos», sentencia la académica e investigadora, Viridiana Ríos; el factor más relevante, dice, es la impunidad. Por eso, la corrupción parece la regla y no la excepción. El desvío de recursos es el modus operandi de una clase política que se sabe protegida desde la cúpula, porque la estructura funciona para encubrir a los corruptos, no para castigarlos. La Secretaría de la Función Pública - encargada de vigilar a los funcionarios y auditar los recursos públicos- dijo que sabía del fraude, pero lo único que hizo desde 2013 fue «inician» procedimientos de responsabilidad administrativa contra10 funcionarios e investigaba a 40 más, sin revelar sus nombres. Aunque los funcionarios medios y bajos son quienes firman los documentos, los verdaderos responsables son los secretarios de Estado. Así sea por «omisión», ellos deben rendir cuentas por los desvíos. Sin embargo, los titulares de las dependencias son nombrados por el presidente y, en este caso, además, fueron allegados a Enrique Peña Nieto, incluso por lazos sanguíneos, como su primo, Alfredo del Mazo. Por su parte, Emilio Lozoya fue el operador financiero de su campaña presidencial y Rosario Robles dirigió la principal estrategia de su gobierno contra la pobreza. Como indica Luis Pérez de Acha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, las autoridades encargadas de investigar La Estafa Maestra son la Procuraduría General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, dados los posibles delitos de peculado y lavado de dinero. Pese a ello, no lo hicieron. El entonces procurador, Raúl Cervantes, ex senador por el PRI, renunció al cargo en octubre de 2017 y el puesto quedó vacante durante meses. Asimismo, el secretario de Hacienda era José Antonio Meade, quien renunció para ser candidato a la presidencia por el PRI en las elecciones de 2018. Y al frente del SAT se encontraba Osvaldo Santín, ex subsecretario de egresos en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto fue el gobernador de la entidad. Por eso es que, aunque la Auditoría Superior de la Federación cumplió con la fiscalización y las denuncias, la cadena se rompe en la POR. De las 872 denuncias penales que hubo entre 2010 y 2017 por presuntos ilícitos de funcionarios públicos, sólo 10 casos llegaron a juicio, pero ningún probable responsable ha sido procesado. Para José López Presa, ex comisionado del INAI y consultor externo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el sistema de corrupción es un pago de favores que «perpetúa el proceso de impunidad». La sospecha, dice, es que el dinero desviado termina en las campañas electorales. «La estructura viene desde los partidos políticos que se alían a los gobiernos y se convierte en un círculo vicioso». Primero, los partidos se hacen de dinero ilícito y cuando llegan al poder «se siguen corrompiendo para pagar los favores». La única manera de acabar con la corrupción es mover la estructura y sólo se logrará con «independencia y autonomía de los fiscales, los tribunales y que los más capacitados, los más honestos lleguen a los puestos clave», afirma López Presa, también integrante del Comité de Participación del Sistema Nacional Anticorrupción. MI VERDAD. – La Estafa Maestra es solo la punta del iceberg.
