POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
Desde que inició la actual administración del gobierno federal quedó claro que algo cambiaría en la forma o el estilo de gobierno.
El anuncio de que el nuevo modelo sería una Cuarta Transformación de nuestro país, tan importante y trascendente como la Independencia, la Reforma y la Revolución asustó a más de uno.
Había razón para ello pues las transformaciones mencionadas habían alterado, cada una en su momento, las estructuras sociales de nuestro país.
Sobre todo, la estructura de acceso al poder, la forma de organización social que determinaba las posibilidades de satisfacer necesidades tan elementales como el ingreso, la alimentación, la atención médica, la educación.
Cada una de esas transformaciones fue el resultado de la lucha iniciada por los sectores sociales marginados.
Y, por lo visto, los resultados obtenidos siguen siendo insuficientes, al grado de que se requiere una cuarta transformación, al menos desde la perspectiva de López Obrador.
Desde el gobierno, que no desde el poder, el presidente ha hecho cambios importantes en la estructura de poder, no me parece que tan determinantes como para comprar el discurso de que vamos a una especie de socialismo a la mexicana, pero si con el suficiente calado como para que las clases privilegiadas intuyan que algo peor puede suceder en cualquier momento.
Por eso buscaron blindarse con todos los cambios que le pudieron hacer a la Constitución para, de esa manera, elevar al rango de nuestra Carta Magna la protección a sus privilegios.
Nunca se esperaron que López Obrador (o alguien con un proyecto similar) pudiese ganar alguna vez la presidencia de la República ni, mucho menos, que la ganara contando con la mayoría en el Congreso.
La arquitectura legal e institucional diseñada desde los años 80 fue acompañada por la persistente construcción de una nueva cultura, una nueva idea de lo que significaba vivir en sociedad.
Esta nueva forma de pensamiento tiene como núcleo central la idea de que los derechos individuales no deben tener límites, ni siquiera para asegurar una convivencia armónica.
La búsqueda del éxito individual, a costa de lo que sea, es ahora el motor que mueve nuestra economía y el corrosivo que carcome nuestra sociedad.
La mercantilización creciente de cada una de nuestras relaciones fortalece el mercado, al tiempo que debilita nuestros vínculos sociales.
En esta lucha por una cuarta transformación, los grupos en pugna hacen uso de cada una de las herramientas de las que se pueden valer para la defensa de sus intereses.
Los medios de comunicación, las iglesias, las universidades, las redes sociales son espacios en los que se expresa esta lucha, al igual que los poderes legislativo y judicial.
Éste último es el que se ha convertido en un bastión de los oponentes al proyecto de AMLO y, a través de amparos jurídicos, han logrado entrampar los proyectos emblemáticos lopezobradoristas.
Ahora la estrategia del gobierno es darle la vuelta a través de la transformación del marco jurídico, y evitar así, la injerencia de jueces y magistrados que tienen una visión diferente a la del gobierno respecto a la constitucionalidad de las decisiones gubernamentales.
La más reciente jugada de AMLO es aún más audaz, una medida en la que bajo el formato de “Acuerdo”, es decir, una instrucción a sus subordinados, el presidente ordena a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal otorgar la autorización provisional para iniciar sus proyectos prioritarios.
Si la oposición habla de que “se quiere gobernar por decreto”, entonces bien podríamos decir que los opositores quieren desgobernar mediante sucesivas andanadas de amparos y recurrentes campañas de desinformación.
