POR: REDACCIÓN
Torreón, Coahuila.–
Salvador “N”, presunto autor intelectual del asesinato de la maestra Juana Mireya Fernández, quien fue asesinada en el 2019 durante la celebración del aniversario de la Revolución Mexicana, sigue cobrando su plaza en la Secretaría de Educación Pública (SEP), de acuerdo con información que aparece en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con datos consultados por este semanario, el “hijastro” de la maestra Fernández tiene un sueldo neto estimado en 6, 695.40 pesos, mismos que “devenga” por su trabajo como “taquimecanógrafa”, aún y cuando se encuentra detenido desde noviembre de 2019, pues la investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) arrojaron que habría pagado a una tercera persona para asesinar a la esposa de su padre recién fallecido y así poder quedarse con la herencia que dejó su progenitor.
En el momento del asesinato de la docente, que fue noticia a nivel nacional y que llevó a la cancelación del desfile ese día, Salvador “N” laboraba en el CETIS 83, que se encuentra frente a las instalaciones de una empresa refresquera ubicada en la antigua carretera a San Pedro, institución en la que hasta el momento continúa cobrando su sueldo a pesar de que, como ya se mencionó, se encuentra detenido desde el 18 de noviembre del 2019.
TRABAJADORES INCONFORMES
El director de la institución en mención, Juan Pablo González Montalvo, ha sido señalado en reiteradas ocasiones por la base trabajadora del plantel por la situación de Salvador “N”, quien sigue “activo” y cobrando por un trabajo que no desempeña. Asimismo, varios trabajadores se dijeron hostigados, pues no son del agrado ni cuentan con el favor del directivo: “(quienes) no son de su agrado, que somos la mayoría, somos hostigados, y a sus consentidos los premia y les permite hacer lo que ellos quieran, junto con el delegado sindical, Víctor Meza, quien ha salido muy beneficiado por parte de la dirección, ya que él permite toda clase de atropellos sin hacer él nada para defendernos de las injusticias que se cometen diariamente, haciéndose el desentendido cuando se le pide el apoyo, al igual que Alberto Martínez Hernández, que está en el sindicato de la sección 35 como secretario de conflictos en el nivel de educación media superior, poniendo siempre de pretexto que él no puede apoyar porque para eso está el delegado y no se lo puede brincar”.
De acuerdo con testimonios entregados por escrito a esta casa editorial, “el director cree que puede hacer y deshacer, dar los puestos de jefes de departamento a sus consentidos y que le sirven de tapadera para poder hacer sus sinvergüenzadas. Tiene de comisión, según él, a una maestra de 40 horas frente a grupo como coordinadora de Difusión Cultural, pero no se presenta a trabajar, y el que hace el trabajo de difusión cultural es el profesor Guillermo Martínez siguiendo las instrucciones por teléfono de dicha maestra”.
La figura del director González Montalvo es polémica no solo al interior del plantel, sino también afuera, pues es uno de los 32 ciudadanos que promovieron amaros ante el juzgado cuarto de distrito con sede en La Laguna para poder ingresar al área natural protegida del Cañón de Fernández. Como se recordará, el ingreso a este lugar con vehículos racer quedo prohibida desde hace tiempo, pues quedó ampliamente demostrado el grave daño que causan a la flora y fauna del lugar, donde se encontraron varios animales muertos bajo las llantas de este tipo de vehículos recreativos que son manejados a altas velocidades sin ningún tipo de precaución por parte de sus conductores.
Pues bien, para seguir ingresando a esta área que es vital para nuestra región, varios ciudadanos presentaron una demanda de amparo de “libre tránsito”, a fin de poder ingresar con sus vehículos sin importar el daño que provocan a la flora y fauna del lugar, una joya ecológica de nuestra región. Como se mencionó, entre quienes presentaron dicho amparo se encuentra Juan Pablo González Montalvo, director del CETIS 83, institución en la que Salvador “N”, autor intelectual del asesinato de la maestra Juana Mireya Fernández, sigue cobrando un sueldo por un trabajo que desde su detención no realiza.
