POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
Las movilizaciones de los colectivos de familiares de desaparecidos continúan presionando al gobierno mexicano para que cumpla con sus obligaciones de búsqueda y, en esa medida, logran algunos cambios importantes. Por ejemplo, el pasado 30 de agosto el presidente López Obrador anunció la creación de una Comisión de la Verdad sobre la llamada “guerra sucia”, periodo en el que el gobierno mexicano persiguió a los disidentes sin apegarse a lo que establecen las leyes. Para perseguir, lo mismo a los que de manera pacífica expresaban su discrepancia con el régimen como a los que se integraban a la guerrilla, se creó la llamada Brigada blanca, célula de la Dirección Federal de Seguridad que tenía la misión de exterminar a todo grupo guerrillero urbano.
La persecución a presuntos guerrilleros implicó no solamente la desaparición forzada, sin ser presentados ante autoridad para ser sometidos al proceso legal correspondiente, sino que, en muchos de los casos se trató de ejecuciones sumarias, desapareciendo los cuerpos de los ejecutados, tal como hoy lo hace el crimen organizado. Desde entonces existe la organización de familiares de desaparecidos que exigen la presentación con vida de sus seres queridos que han sido víctimas de desaparición forzada, ya sea que este delito lo cometan mafias del narcotráfico o las autoridades encargadas de combatirlo.
Mucho se ha avanzado gracias a la acción organizada de estos colectivos, pero es mucho más lo que falta por hacer. Tanto en los aspectos correctivos relacionados con la búsqueda y la reparación del daño, como en lo referente a la prevención pues este delito, lejos de disminuir, se ha incrementado. Nuevas leyes, tanto a nivel federal como a nivel de algunos estados nuevas dependencias y, sobre todo, una nueva narrativa que deje de naturalizar la desaparición dejando de lado la explicación de que “seguramente andaba metido en algo chueco” o “si se lo llevaron es parte de un ajuste de cuentas”, es decir, la narrativa que impuso Felipe Calderón y que criminalizaba a las víctimas de desaparición forzada para justificar la inacción (e, incluso, la complicidad) del Estado.
Además de la Comisión de la Verdad anunciada por el presidente López Obrador se acordó también impulsar lo que llaman un “Plan antiimpunidad”, es decir, una serie de acciones que castiguen los delitos de secuestro y desaparición impunes hasta la fecha. Para ello se prevé el acceso a los “archivos de la represión”, búsqueda de cárceles clandestinas y, lo que quizá sea lo más importante y más difícil, que el ejército rompa “el pacto de silencio” y, por tanto, permita revisar sus archivos, sus instalaciones, especialmente sus cárceles y someta ante la justicia civil a militares presuntamente involucrados en este tipo de delitos.
Para hablar de democracia se requiere, entre otras cosas, del ejercicio pleno de la libertad de expresión, del derecho a disentir, es decir, el derecho a pensar y actuar diferente dentro de lo permitido por la ley. Sin embargo, en el periodo comprendido entre 1965 y 1990 se documentaron múltiples crímenes del Estado mexicano, entre los que destacan la desaparición de más de mil personas y un número desconocido de bebés nacidos en cautiverio. Eso en lo que se refiere expresamente a los actos cometidos directamente por el Estado mexicano contra sus ciudadanos, pero, además, está la tragedia de los millares de desaparecidos en torno a la llamada “guerra contra el narcotráfico” imputados, la gran mayoría, a los cárteles de la droga, pero también, en un porcentaje significativo, a los diversos cuerpos militares y policiacos que, teóricamente salieron de sus cuartes para defendernos del crimen organizado.
