POR: FERNANDO RANGEL DE LEÓN
El pasado 17 de junio fue publicada “La Ley de Consulta Popular” en el Diario Oficial de la Federación; por lo que en estos días el Instituto Nacional Electoral INE, pondrá en marcha la publicidad para convocar a los ciudadanos a que participen el próximo domingo 1 de agosto, en la consulta popular para procesar a exfuncionarios públicos que hayan cometido ilícitos en el desempeño de su cargo, en contra de la sociedad.
Por primera vez en la historia, México tendrá la oportunidad de la democracia directa de la participación ciudadana, sin intermediación de diputados o senadores u otros representantes populares, en una trascendental decisión, como lo es enjuiciar a los expresidentes de la República, para que se les finquen responsabilidades por el mal desempeño de su encargo en perjuicio del pueblo.
“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y el derecho de las posibles víctimas?”.
Esa es la rebuscada pregunta que tendrán las boletas cuya respuesta es un SI o un NO; que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberán tacharse en las urnas como si fueran las boletas electorales.
Es conveniente que el INE aclare el nombre completo de los actores políticos a los que se les van a esclarecer las decisiones políticas, para proceder en consecuencia; o si se va a dejar a la voluntad del votante escribir el nombre y apellido.
Para que sea vinculante, es decir, obligatoria la acción penal contra los exfuncionarios más odiados como son los expresidentes de la república y algunos exgobernadores -como el de Coahuila-, es necesario que vote por un SI cuando menos el 40% de los alrededor de 93 millones de ciudadanos.
Por lo que si queremos que se proceda penalmente contra esos malos exfuncionarios públicos, debemos desde ahorita a empezar a despertarle el interés a la ciudadanía de que tiene en sus manos el poder de que se sancione conforme a la ley a los servidores públicos que le robaron no solamente sus impuestos sino también la seguridad, la paz y la tranquilidad no nada más de ellos sino también de sus hijos y nietos.
Yo creo que no hay absolutamente ningún ciudadano mexicano que no esté agraviado por uno u otro motivo contra sus exalcaldes, exdiputados locales, exdiputados federales, exsenadores, exgobernadores y sobre todo expresidentes de la República, que se beneficiaron con su puesto público.
Si no se acude el próximo domingo 1 de agosto, a las urnas para la consulta popular, entonces no tenemos por qué andarnos quejando de nuestros gobernantes; debiendo tener presente que “los pueblos tienen los gobernantes que se merecen”.
