POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
n la lógica del interés privado por sobre el interés publico se presentan ahora demandas de amparo contra la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica algo qué, como ya lo había anunciado el presidente López Obrador, daría reversa a las facilidades para que los particulares que así lo quisieran (y que contaran con los recursos necesarios) invirtieran en la generación de energía eléctrica, actividad que estaba constitucionalmente reservada al Estado mexicano desde aquél momento en que el entonces presidente, Adolfo López Mateos, nacionalizó la industria eléctrica nacional.
Por considerarlo de interés estratégico para la defensa de los intereses nacionales, López Mateos, consideró fundamental restringir la generación de electricidad a las entidades gubernamentales porque, así lo consideraba, estaría a salvo la conducción de la política energética y, con ello, la política industrial de nuestro país, una política que si bien permitiera la posibilidad de hacer negocios privados, subordinara a éstos al interés nacional, exactamente como lo Estados Unidos y cualquier país soberano.
Ello implicaba, como en muchos otros ámbitos reservados a la acción estatal, limitaciones para hacer negocios privados con los recursos naturales públicos o propiedad de la nación lo qué, en términos de la lógica neoliberal, implicaba la imposibilidad de obtener ganancias a partir de la explotación de recursos que se estaban “desperdiciando” en momentos en los que se necesitaba generación de riqueza. Por ello la presión y la paulatina apertura de los candados que le impuso el gobierno de López Mateos y que conservaron los regímenes subsiguientes, hasta la llegada del periodo salinista en el que se empezó esta apertura, todavía insuficiente pero que prometía enormes posibilidades con futuros gobiernos que compartieran la misma orientación ideológica.
Para cuando llegó al poder Felipe Calderón los candados se abrieron casi en su totalidad, por eso también era importante desarticular los escasos focos de resistencia obrera que aún quedaban, de los cuales el más importante era el sindicato que agrupaba a los trabajadores de la paraestatal Compañía de Luz y Fuerza, empresa que desapareció Calderón usando policía y militares para anular la reacción combativa de dicho sindicato.
Con Peña Nieto acabó de consumarse la transferencia de control estatal sobre la capacidad de generación de energía eléctrica hacia mecanismos de mercado, básicamente a someterla al libre juego de la oferta y la demanda, aunque no tan libre ya las reformas elaboradas por los gobiernos de lo que López Obrador llama el periodo neoliberal, armaron tal arquitectura legal que ponían a la Comisión Federal de Electricidad al servicio del mejor postor. El esquema de siempre, negocios en los que se socializan los costos y se privatizan las ganancias.
Decidido a cambiar tal situación, el lopezobradorismo incluyó una contrareforma sobre la reforma eléctrica como parte de la Cuarta Transformación, misma que a finales del mes pasado fue aprobada por abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados. No quedaba a los opositores, sobre todo a los empresarios que se habían beneficiado con el esquema anterior, más alternativa que recurrir al poder judicial para bloquear la ley por la vía del amparo.
Son varios los jueces que emitieron recursos a favor de los empresarios afectados por lo que el presidente amaga ahora con hacer cambios a la Constitución para poder aplicar su política energética, en lo que se refiere a la generación de electricidad. Para ello necesita conservar la mayoría en la Cámara de Diputados en la batalla del próximo 6 de junio en la que es mucho lo que se disputa, incluida la luz eléctrica y, en general, la modalidad de capitalismo que se quiere para México.
