POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
En tiempos de pandemia son muchos los aspectos de la vida que están cambiando y eso incluye a las instituciones. El proceso de enseñanza aprendizaje es uno de los que muestra cambios más profundos. Sin embargo, en el caso de la educación superior las transformaciones ya se veían venir desde el momento que la llamada Cuarta Transformación se convirtió en gobierno. La fobia, no tanto a la autonomía universitaria sino a los abusos que con ella se habían cometido, puso a muchas universidades entre la espada y la pared.
La convicción gubernamental, no sin razones, de que muchas universidades se habían convertido en feudos al servicio de los grupos de poder estatales generó una serie de acciones de gobierno que, por lo menos, se tradujeron en una restricción presupuestal que puso a varias de ellas al borde del colapso. El apoyo federal ha sido condicionado a un severo ajuste en el uso de los recursos públicos que durante años privilegiaron ingresos y prebendas de las burocracias universitarias, todo ello en detrimento de los servicios docentes, de investigación y de extensión.
Las dolencias diagnosticadas por la 4T en las universidades, particularmente en las autónomas, son tan graves que al diagnóstico siguió el diseño de un tratamiento que incluía cirugía mayor, específicamente la amputación del mayor bien que poseen los universitarios que es la autonomía. A través de los partidarios de la 4T, en varios congresos estatales se empezaron a fraguar iniciativas de ley locales que pretendían cancelar, o por lo menos disminuir severamente, la capacidad de autogobierno de los universitarios, de por sí mermada por la injerencia de gobiernos estatales y grupos de poder.
Por eso era muy importante reformar el estatuto universitario de la UAdeC, actualizarlo, adecuarlo a los tiempos que ahora se viven para garantizar el derecho de estudiantes, investigadores y docentes de gobernarse, sin que ello signifique extraterritorialidad, ni mucho menos el manejo cada vez más discrecional que se hacía de recursos cada vez más escasos. Este proceso de reforma universitaria, tantas veces postergado, finalmente se llevó a cabo encabezado por Salvador Hernández Vélez que ahora busca repetir en el cargo de Rector.
Falta ahora falta remozar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Coahuila, para de esa manera culminar el proceso de modernización del marco legal que permita a nuestra universidad participar de manera plena en los procesos de transformación social que estamos viviendo. Eso es en lo referente a la normatividad, hacer lo posible para que los universitarios puedan jugar el papel de agentes de transformación social a que están llamados.
No ha sido fácil lo realizado ni será sencillo lo que todavía falta por transformar. Las resistencias son muchas, los intereses afectados son poderosos. Pero el país está cambiando y nuestro estado también. La parte más difícil, quizá, es la que tiene que ver con la recuperación de la capacidad de movilización de una comunidad universitaria condenada a la inmovilidad desde hace décadas. De hecho, una de las consecuencias de las movilizaciones para conseguir la autonomía fue, precisamente, el miedo institucional a nivel estatal que se tradujo en políticas de recuperación de la universidad como un espacio más bajo el control de los grupos de poder, aunque no sin resistencias.
Años de inmovilidad han creado la imagen, falsa por supuesto, de universitarios sin la intención de involucrarse en los problemas que aquejan a los sectores más desprotegidos de la sociedad coahuilense. El reto mayor de Hernández Vélez en un segundo rectorado es ese, continuar la transformación de una institución fundamental en una universidad flexible, innovadora, participativa, comprometida.
