POR: FERNANDO RANGEL DE LEÓN
La administración pública del estado mexicano, nació central, desempeñándose con sus secretarías de Estado, dependientes del jefe del Ejecutivo Federal; pero a medida que la población creció y aumentó la necesidad de las obras y servicios públicos, hubo que descentralizar funciones en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, y a desconcentrar otras como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE.
El IMSS, proporciona seguridad social, a través de servicios médicos, sociales, culturales y económicos a los trabajadores de las empresas privadas; constituido en forma tripartita: gobierno, trabajadores y patrones, para cuyo funcionamiento necesita de relativa libertad; pues su objetivo principal e inmediato son la salud y la vida; que no admiten el burocratismo estatal, característico de la administración central; además en este instituto los representantes de los patrones y trabajadores exigen servicios urgentes y eficientes; pues para eso se les descuentan de sus salarios las cuotas obrero-patronales; y por eso es un organismo descentralizado.
En cambio, el ISSSTE, que presta la seguridad social, con los mismos servicios del IMSS, solo que a los trabajadores del estado, es un organismo desconcentrado, esto es, es parte de la administración central del estado, con una relativa autonomía para que pueda cumplir cabalmente con sus fines, y su buen funcionamiento depende de funcionarios que tengan vocación de servicio público, de total entrega a los derechohabientes; pues no tienen un contrapeso para exigirles eficiencia, como lo tienen en el IMSS, con los patrones privados; y los gobiernos anteriores lo desatendieron dejándole un rezago del cual el gobierno actual no lo ha podido superar en estos dos últimos años; pues algunos de sus directivos todavía no han aplicado su mística de servicio, que urge para el beneficio de la salud y la vida.
En los últimos 40 años, los gobiernos federales crearon organismos autónomos, que son instituciones que no dependen de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que sirven algunos para que el Estado no interfiera ni impida sus funciones como el Banco de México, que es el que imprime el papel moneda y acuña la moneda del peso y tiene otras funciones muy delicadas sobre la estabilidad de la economía nacional; la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la que protege y promueve los derechos con los que nacemos los hombres y las mujeres, y que exhibe a quienes los violan y recomienda a todas las autoridades, hasta el Presidente, que los respeten; el Instituto Nacional Electoral, que es el que organiza, vigila y valida las elecciones en todo el país; y la Fiscalía General de la República (antes PGR), que es la que procura la justicia para que los jueces, los magistrados y los ministros, la impartan.
Esos organismos autónomos no deben de desaparecer; pues son vitales para la vida pública de México; pero otros como el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFETEL, la Comisión Federal de Competencia Económica COFECE, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a datos Personales INAI, si podrían desaparecer y sus funciones ser absorbidas por secretarías de Estado de su respectivo ramo.
Por lo que no hay que satanizar la propuesta de reformas a los organismos autónomos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
