POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
Desde hace tiempo algunos empresarios consideran que es su derecho atacar al gobierno en turno si este no se pliega a sus intereses. Acostumbrados a los privilegios que su fortuna les genera, exigen del actual régimen los ajustes necesarios para que los recursos públicos vuelvan a fluir hacia ellos tan generosamente como sucedía en el pasado.
De hecho, ya la veían venir. El discurso del candidato AMLO en los tres últimos procesos electorales alertó a todos aquellos que, durante muchos años, se beneficiaron de las políticas neoliberales que privatizaron casi todo el patrimonio social que estaba en manos de la administración pública. Teléfonos de México, canal 13 de televisión y muchas otras empresas constituyeron una transferencia de recursos públicos hacia el sector privado, no siempre con la transparencia que hoy exigen al gobierno.
La conversión de empresas públicas en privadas es, en muchos casos, el origen de cuantiosas fortunas que nacieron y crecieron al amparo del poder político. La ruptura de la continuidad de la estrategia neoliberal es lo que hoy mueve a muchos de esos magnates a mantener la lucha que iniciaron contra López Obrador desde que este era candidato. Abiertamente o a escondidas, atacan al presidente con la esperanza de que descarrile su proyecto.
Con el apoyo de periodistas y columnistas que comparten su postura, ya intentaron seducir a los militares para que fueran ellos quienes encabezaran su cruzada contra el lopezobradorismo, y fracasaron. Hicieron lo mismo con los gobernadores y tuvieron mejor suerte, no tanto como ellos quisieran pero, ya tienen a algunos mandatarios estatales convertidos en cotidianos tiradores a todo lo que tenga que ver con AMLO.
Patrocinaron diversas movilizaciones entre las que destaca la de FRENAA que mantiene copado el zócalo capitalino. Y ahora van por los partidos. Son “hombres de negocios”, como dice Ancira, el dueño de Altos Hornos, encarcelado en España. Acostumbrados a negociar creen que todo es negociable, incluidos principios y valores. Así acaban de negociar con tres partidos de oposición las candidaturas que dichos empresarios estaban buscando.
Tienen ya su plataforma informal desde la cual han intentado, sin éxito, apropiarse de la calle a través de FRENAA y ahora, con los partidos, tienen la maquinaria política que necesitan para dar la pelea a Morena y tratar de arrebatar la mayoría que este partido tiene en la Cámara de Diputados. Van también por las gubernaturas que habrán de renovarse el próximo año, saben que sus intereses están en riesgo y les urge organizar una oposición que, de verdad, signifique un alto a la locomotora de la 4T.
Como hombres de negocios buscan siempre la máxima rentabilidad y eso incluye arriesgar dinero que, de preferencia, no sea el suyo. Por eso abusan de la figura de los donativos deducibles de impuestos, generando organizaciones no lucrativas, pero defensoras del lucro. Organismos que, en teoría, han sido formadas para hacer un servicio a la sociedad y que, en la práctica, funcionan como organismos privados disfrazados de organizaciones de la sociedad civil, desde los que se organizan campañas que están muy cerca de la ilegalidad.
Por supuesto que están en su derecho de organizarse y de expresar su desacuerdo con las medidas del actual gobierno. Y si lo hacen con su dinero, mejor. El problema es cuando usan recursos públicos para satisfacer intereses privados, y eso es justamente lo que parece cuando usan recursos que deducen de los impuestos para hacer operaciones de proselitismo o, peor aún, cuando patrocinan campañas de odio como aquella que pintó a López Obrador como un “peligro para México”.
