POR: REDACCIÓN
Torreón, Coahuila.-
En su edición anterior (número 749), Sin Censura hizo pública la denuncia de un grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, pertenecientes a la Unidad Médica Familiar (UMF) número 80, quienes señalaron las pésimas condiciones laborales a las cuales son sometidos diariamente y que se han agravado a partir del inicio de la pandemia originada por la aparición del COVID-19.
Una semana después, las protestas se multiplicaron a nivel nacional, convocadas por el Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social (SNLTSS), contraparte del hasta hace poco hegemónico Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que se niega a reconocer la existencia del nuevo sindicato, a pesar de contar ya con la toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Fueron pocos los trabajadores que se atrevieron a manifestarse, por obvias razones, y quienes lo hicieron encontraron nula respuesta a sus peticiones, pues, por ejemplo, en Saltillo, la delegación del IMSS fue cerrada durante la protesta como señal de la nula disposición al diálogo por parte de las autoridades sanitarias con quienes se han atrevido a exigir condiciones dignas de trabajo para ellos y sus compañeros, lo que indudablemente también se reflejará en la razón de ser de la institución: la atención a millones de trabajadores mexicanos y sus familias.
La manifestación fue convocada por trabajadores del sector salud que se dijeron “…cansados de los abusos, abandono, represión y presuntos actos de corrupción de quienes mueven los hilos del Instituto Mexicano del Seguro Social…”.
Entre las peticiones de la base trabajadora disconforme con la situación que se vive desde años en IMSS, se encuentran: “…el cese inmediato de la persecución, represión u hostigamiento laboral por parte de las diferentes autoridades de la salud o sindicales. (La) basificación (sic) de todos los trabajadores de salud del país sujetos a cualquier tipo de contrato temporal”.
Asimismo, exigieron que los trabajadores de la salud que “estén en contacto con pacientes con COVID-19, contar con el equipo de protección personal como describen las especificaciones técnicas de dispositivos médicos para la gestión de casos de COVID-19 en los servicios de salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
En ese mismo sentido, demandaron la “revisión constante de las áreas de trabajo, sanitización de zonas insalubres, e instauración de protocolos y adecuación de zonas de patología, anfiteatros y tráileres frigoríficos donde sea necesario”.
Además, solicitaron que se reconozca “…la incapacidad otorgada al trabajador (de la salud) contagiado por COVID-19 o la lamentable muerte como riesgo de trabajo, y no como enfermedad general, dentro de las instituciones de salud”. De igual manera, exigen que se lleve a cabo “un conteo real y la publicación de cada uno de los nombres, cargos y unidades de los compañeros caídos y contagiados en la guerra contra el COVID-19, en cada una de las instituciones del país”.
Rafael Soto Cruz, uno de los organizadores de la marcha y enfermero del Hospital Siglo XXI, denunció a través de redes sociales que “…se están girando oficios entre el sindicato charro y los funcionarios de la institución para evitar la concentración de trabajadores, se está amenazando a nuestros compañeros que vayan a la marcha que serán rescindidos, despedidos sancionados”.
Añadió: “Esta no es la forma de tratar de llamar al orden. Lo que nosotros estamos exigiendo es diálogo y lo que no vamos a permitir es represión. Hacemos la denuncia pública de que nuestras cuentas están siendo hackeadas, que el sindicato está identificando a los trabajadores de la unión nacional para tratar de amedrentarlos, amenazarlos y despedirlos”.
Sin embargo, Soto Cruz afirmó que pesar de la represión, “… no nos pueden detener, esto ya no para, y llamamos a todos los trabajadores del país a que no tengan miedo, que acudan, porque la manifestación sigue y no nos detendrán”, concluyó.
