POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
Es cierto que durante muchos años los recursos públicos han sido usados para hacer negocios privados. Es cierto que muchos de los afanes oficiales por la creación de oficinas y dependencias eran, en realidad, estrategias para hacer o pagar favores políticos. También es cierto que muchos de los recursos destinados al campo no llegaban a sus destinatarios, o llegaban, como dice el presidente, “mochos”. Pero no todo estaba podrido. Tirar el agua sucia con todo y niño sigue siendo, por decir lo menos, una torpeza.
Enfrentar la corrupción con recortes al presupuesto es dañar a aquellos a quienes se dice querer servir. La administración pública en nuestro país quedó convertida desde hace muchos años, si no es qué desde su origen, en una maraña de intereses en las que se atoraba (y se atora) una buena parte de los recursos destinados a resolver problemas de la población, sobre todo de la parte que más lo necesita. Pero la solución no es desaparecer las dependencias que realizaban esa función ni, mucho menos, dejar de cumplir con esas actividades.
Dejar que la actividad científica muera de inanición porque no se confía en los científicos es tan erróneo como cancelar los recursos que requiere la actividad cinematográfica o, en general, las actividades de promoción cultural. Asumir que los demás son deshonestos y que la moralidad solo habita en el presidente y, en todo caso, en quienes comparten sus opiniones es reconocer la incapacidad para trabajar en la administración pública, un espacio en el quepan todos y todas quienes tengan capacidad y vocación de servicio público, y en el que deberían existir los mecanismos de transparencia que inhiban la corrupción y que, además, se respalde en un sistema de justicia que termine, de una vez por todas, con la impunidad.
Por supuesto, algunos recortes hacen más daño que otros. Es el caso de la propuesta de recortar hasta el 75 por ciento de los recursos necesarios para la operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, instancia que no nació de la ocurrencia de ningún político y que, por el contrario, es producto de una intensa de lucha por parte de los familiares de víctimas de desaparición forzada para que el Estado mexicano asuma la responsabilidad que le compete.
Si el Estado ha sido incapaz de proveer seguridad a sus ciudadanos (que es la primer razón de la existencia del aparato estatal), por lo menos debería ser capaz de amortiguar los daños a los familiares de quienes han sido víctimas de actos de violencia vinculada al narcotráfico, sobre todo de los cometidos por los agentes de seguridad.
Sin embargo, mediante decreto publicado el 23 de abril, el presidente López Obrador estableció, para enfrentar la pandemia, una serie de medidas de austeridad que contienen, entre otras, la prohibición a las entidades públicas (con algunas excepciones) de ejercer el 75 por ciento de su presupuesto dirigido a servicios generales, materiales y suministros. Es decir, todo aquello que permite el funcionamiento, la operación de dichas entidades. Entre esta se encuentra la CEAV, misma que ahora enfrenta serias dificultades para cumplir con su misión, de por sí limitada y obstaculizada.
En el decreto mencionado se establece también, que se trata de enfrentar la crisis de manera diferente, una en la “se fortalezcan valores y principios como el humanismo y se gobierne para y con el pueblo”. La pregunta obvia es ¿Qué tiene de humanista disminuir los recursos estatales que coadyuvan a la búsqueda de quienes son víctimas de desaparición forzada?
Con razón gritan, cuando hay oportunidad ¡Ni perdón, ni olvido!
