POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
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Siempre lo supimos; Felipe Calderón inició una guerra inmediata, sin estrategia alguna frente al crimen organizado, con el ejército desplegado en las calles frente a un enemigo omnipresente, infiltrado en los intestinos de la autoridad; dueño de los aparatos de seguridad en Estados y municipios; coludido muy seguramente con cuerpos de seguridad como la misma milicia; y comprobado que logró infiltrarse hasta los altos mando del gobierno federal como así lo demuestra el caso del ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón. Fueron seis años en que las tareas del ejército se institucionalizaron en las calles; al grado tal de llegar a una normalidad que se justificaba porque solo las fuerzas armadas tenían la capacidad logística y operativa y con el poder de fuego para enfrentar al crimen organizado. La tarea del ejército se prolongó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y la violencia siguió desatada, y solo las fuerzas armadas eran capaces de hacer frente al enemigo que era considerado una hidra; pues al cortar una cabeza aparecían más y las células del crimen se multiplicaban como virus en un cuerpo haciendo de la violencia un lugar ya común y al ejército su antítesis natural y por excelencia. Casi 12 años de un despliegue en el que se cometieron dos grandes errores: el primero fue no trabajar en ese tiempo en la construcción de un aparato policial profesional y con proximidad social que paulatinamente fuese supliendo al ejército en las tareas de seguridad; y en segundo lugar, no se crearon las condiciones de desarrollo social para que los jóvenes evitaran ser presa fácil como miembros de las huestes de los cárteles y grupos delictivos mediante educación, empleo y oportunidades; o en otras palabras, no se le cerraron las puertas al crimen. Y a pesar de estas terribles omisiones, sabíamos que el ejército no debía permanecer en las calles, pero jamás construimos de manera paralela la solución al problema. Por ello resultaba absurda desde la campaña la propuesta del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador de regresar al ejército a los cuarteles; era una propuesta insostenible encerrar al único ente capaz de hacer frente a un enemigo que no se pudo derrotar en ningún aspecto (financiero, humano, psicológico, logístico). El primer error de AMLO fue no calcular el tamaño del problema; minimizarlo, pensar que con una simple orden de retirada todo se iba a tranquilizar mientras se desplegaba en un año la Guardia Nacional, que básicamente es una institución conformada por policías federales, navales y militares, bajo el mando de un civil que ocupa la secretaría de seguridad pública. La idea era eliminar la militarización y sustituirla por elementos policiales de tres corporaciones; lo cual sin duda alguna resultaba novedoso, no obstante, a poco más de un año de su aprobación constitucional, la GN no ha podido contener la violencia en el país porque es un cuerpo de seguridad inacabado, sacado al vapor, con ex miembros de la milicia con solo 8 meses de capacitación policial; por ello es fácil entender que este cuerpo requiere mucho más tiempo para madurar y en ese lapso de tiempo el ejército debe seguir en las calles; porque no hay otra solución. El problema de AMLO es que su discurso premeditado choca con la realidad y ello hace parece que su estrategia es errónea; pero no lo es, porque no existe otra solución; mientras se madura la GN; y mientras el gobierno hace esfuerzos en materia de desarrollo social el ejército debe seguir en las calles.
