POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
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Más allá de revisar las predicciones de afectación económica que traerá consigo de manera inevitable la crisis del COVID 19 presentadas por los organismos internacionales y especialistas en el tema; basta con echar un lacónico vistazo a nuestra realidad inmediata para entender la magnitud de lo que viene. Desde luego que preocupan los números macros; esto es en términos generales la ralentización de la economía por el simple hecho de que se detenga el consumo y sumado a ello los paros técnicos que algunas empresas comenzarán a realizar; no obstante, los números micros son generalmente subestimados, aquellos que nos dicen que muchas personas la pasarán mal por el hecho de la contingencia sanitaria. Para el caso de la región, empresas como Rassini comenzarán con paros técnicos como medidas de prevención sanitarias; esto significa que los trabajadores deberán detener actividades por su seguridad, pero sin goce de sueldo, lo cual definitivamente afectará la liquidez familiar. Aunque el paro es efímero, se espera que se prolongue por etapas, y es preciso señalar que esta empresa es solo la punta de la andanada de consorcios que tomarán medidas similares en detrimento no intencional de los trabajadores. A nivel nacional, grandes emporios como ALSEA han manifestado que despedirán trabajadores o que los descansarán sin goce de sueldo; dese luego que la medida obedece a decisiones directivas que están indignando porque no se aplican de la misma manera en otros países en que opera la firma; “depende del sapo la pedrada”, reza el viejo adagio. Lejos de emitir juicios axiológicos sobre el proceder de las empresas vale la pena esbozar las medidas que, derivado de estos lamentables escenarios, las autoridades deben tomar para proteger a los trabajadores y a las familias que dependen de estos. En primer lugar, el gobierno debe actuar mediante una política financiera intervencionista de corte asistencialista para mitigar los efectos de la pandemia en la economía familiar; al parecer las medidas ya se están tomando con la creación del Fondo para la Prevención y Atención de la Emergencia, cuyo objetivo será mitigar impactos por la presencia y efectos del Covid-19 y cuya partida podría ser de hasta 180 mil 733 millones de pesos. La asignación de estos recursos debe ser inmediata bajo un esquema de coordinación entre ámbitos de gobierno para levantar censos de personas que se quedarán sin sueldo por paros técnicos o despidos y apoyar de inmediato asegurando que estos recursos lleguen a quien los necesita y no se pierdan en burocracia terminando en bolsillos que no requieren apoyo emergente; por otra parte, el gobierno debe analizar los esquemas legales laborales de otras latitudes para actuar en consecuencia y realizar las reformas necesarias para que nuestro país proteja a los empleados de estas y otras afectaciones futuras y no dejar su destino a los caprichos de altos directivos que siempre buscarán las máximas ganancias sin perder un solo centavo. Desde luego que no todas las empresas actúan igual, pero seguimos bajo esquemas de injusticia laboral como el outsourcing que sin duda en tiempos como los actuales dejará a familias en total indefensión económica por un lapso considerable de tiempo. Esta pandemia será calamitosa, pero no eterna, y sus efectos deberán ser lecciones no solo para las autoridades, sino para los mismos ciudadanos que debemos aprender a actuar bajo la teoría de la contingencia; esa que nos obliga a tomar acciones cuando las calamidades nos azotan de manera inexorable.
