POR: CÉSAR FELIPE DE LA ROSA
Twitter: @cesaritodurondr
Durante muchos años, el cuestionamiento de la dependencia jerárquica de las Fiscalías-Procuradurías hacia el poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, en cada caso, es un tema recurrente. Así, desde aproximadamente una década, inició un proceso de autonomía en casi todos los órganos de procuración de justicia en nuestro país, cuya cúspide fue la materialización legal de la misma en la antigua Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República.
Las pautas mínimas para la autonomía real, a juicio de quien esto escribe, pueden ser:
1) Políticas – aquellas que delimitan que no existe injerencia externa y sus agentes internos no tienen relación alguna con los actores políticos.
2) Jurídicas – las que implican el imperio de la ley, por encima de toda consideración.
3) De legitimidad y confianza ciudadana – como opinión, en este momento, la más importante, ya que no es útil para la democracia y el Estado de Derecho, contar con órganos formalmente autónomos y en la práctica subyugados y sometidos a poderes legales o fácticos que privan en su contexto.
Quizá para muchos ciudadanos y algunos académicos, una crítica similar pudiese presentarse en las entidades federativas, por ello es indispensable que en las reformas de carácter normativo se respeten y no se hagan nugatorias, las aspiraciones de la ciudadanía, pues el pueblo y sólo él, tiene en esencia el poder público.
Es decir, bajo esta tesitura, la legitimidad de las instituciones, debe provenir directamente de la sociedad civil; y ello no se limita a emitir convocatorias abiertas para definir a los titulares de las Fiscalías, (lo cual, sin duda alguna, es parte del proceso) ya que no debe olvidarse, que son las fuerzas políticas con filias y fobias, (mayorías importantes en algunos casos) las que eligen a dichos titulares.
Tampoco la elección de un titular, debiera sesgar el funcionamiento y estructura de la institución, ya que una meta de dichas instituciones, pudiera ser la consolidación del servicio civil de carrera, que permita que la perfilación para todos sus espacios sea respetada; y que dentro de los criterios para ocupar algún cargo, sea la idoneidad y el conocimiento, así como las habilidades y en su caso, las destrezas que tenga la persona, ponderando en rango menor la antigüedad; (ya que la permanencia no implica idoneidad, si no va acompañada de actualización permanente ) de esta manera se lograría evitar la asunción de cargos por parte de personas no aptas, y cualquier tipo de componendas o “pago de favores”.
Esto sería indispensable en todos los niveles; es decir, si el titular fue electo por medio de un proceso abierto, donde teóricamente, se debatió y acreditó su capacidad y perfil, y se justificó de manera, no sólo legal, sino de legitimidad y aceptación; lo menos que puede hacer la institución, de cara a la sociedad, es que toda persona que tenga un encargo, sea la más apta y no quede duda razonable alguna, que su función está justificada por su idoneidad, y de ninguna manera hay alguien mejor preparado, dentro o fuera de la misma; con ello es previsible que la confianza ciudadana aumente.
Es necesario un proceso de constante mejora en las instituciones públicas de las que ahora se denominan autónomas, en el caso particular de la figura del Ministerio Público en México, ya sean Fiscalías o Procuradurías, su labor, por el nivel de sensibilidad ciudadana y la naturaleza de su función, (primordialmente en el caso de la investigación y persecución de los delitos, como ultima ratio del orden social) no basta con autonomía legal, funcional y presupuestal; sino que debe extenderse a la parte de legitimidad, y esta puede encontrarse, cuando la ciudadanía tiene para con dicha institución, un nivel de confianza, y la certeza de que los procesos que la diseñaron, y sobre todo, los que conforman su servicio civil de carrera en todas las posiciones, son realmente accesibles para toda persona que cubre los requisitos formales.
Es por ello, que existe una etapa de reestructuración de la confianza ciudadana en la figura del Ministerio Público, y para abonar a ella, lejos de dividir o repartir beneficios o cuotas, las fuerzas políticas, tienen un área de oportunidad histórica; donde la formación y mejora de dichas instituciones autónomas y la selección de su titular, sea un verdadero ejercicio abierto, donde la ciudadanía pueda asumir la directriz, y de manera escalonada, respetando su función técnica, pueda involucrarse.
