POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
Por supuesto que los narcotraficantes aterrorizan. Usan la violencia, la crueldad para asustar a sus enemigos, pero también a la población. A través del terror logran que algunos de los pistoleros adversarios huyan o incluso, que se pasen a su lado. Pero también obtienen que la gente que vive ahí donde los cárteles disputan sus batallas, se aleje. Las diásporas son regionales y son crecientes. Mucha es la gente que abandonó Ciudad Juárez por el temor de recibir una bala perdida. Muchos son los que vaciaron sus casas en el poniente de Torreón, una vez que los narcos transformaron ese sector en su trinchera.
¿Por qué entonces tanto recelo a denominarlos “terroristas”? ¿Por qué el temor a que los Estados Unidos consideren “terrorismo” a la forma en que los cárteles mexicanos dirimen sus diferencias? La respuesta está en la legislación norteamericana. Si Trump decide avanzar en esa dirección tendría que empezar por buscar el apoyo de su Congreso y así, mover el aparato policíaco estadounidense en la búsqueda y persecución de los cárteles y de sus socios o proveedores. Y ahí es justamente donde aparecerán los primeros y más formidables escollos, porque resulta que quienes proveen de armas son las armerías de Estados Unidos, especialmente las de Texas. Una vez que una organización es denominada “terrorista” se considera, en automático, enemiga de los Estados Unidos y, por tanto, es susceptible de ser perseguida en cualquier lugar del mundo. De ahí deriva el temor del gobierno mexicano, de la posibilidad de quedar reducido al papel de espectador de una guerra por el territorio del que, en teoría, es el soberano.
La demanda de combatir como terroristas a los cárteles es de familias norteamericanas que, sin embargo, también son mexicanas. Es el caso de la familia Le Barón quienes, a través de una carta, solicitaron formalmente al gobierno que encabeza Donald Trump que declare terroristas a los narcotraficantes mexicanos ya que, según ellos, “el gobierno mexicano carece de los recursos necesarios para proporcionar el estándar más básico de seguridad en muchas partes del país”. Asumen que es el momento de que ambos gobiernos, el norteamericano y el mexicano, avancen en el establecimiento de una alianza “audaz y poderosa” para combatir el narcotráfico.
Son pocos los analistas mexicanos serios que consideran apropiada tal petición, sobre todo porque avizoran una real disminución entrada de armas a territorio mexicano y, con ello, una sensible caída en la capacidad de fuego de los grupos narcotraficantes. Lo que no alcanzan a ver es que una vez que alguien es considerado “terrorista” por el gobierno de los Estados Unidos, este asume el compromiso de combatirlo donde quiera que se encuentre, y el caso es que se encuentran en nuestro territorio.
En tales condiciones, si no hemos sido capaces de conservar la soberanía frente a los narcotraficantes, difícilmente lo haremos frente a las tropas del más poderoso ejército del mundo. En efecto, el Estado mexicano exhibió en toda su plenitud su absoluta desventaja (en inteligencia, coordinación, capacidad de fuego) frente a los narcos en el operativo de Sinaloa. Y en otros operativos ha sido lo mismo. Simple y sencillamente el Estado mexicano abandonó la plaza, al menos en buena parte del territorio nacional, ante los narcotraficantes.
Algunos acusan a los Le Baron de “vende patrias”, a lo que contestan que “si los ciudadanos de México no exigimos justicia ahora, no quedará patria para vender”. Lo cierto es que, poco a poco, cada vez más sectores sociales pierden la confianza en quienes gobiernan, y eso ya lo registran las encuestas tan apreciadas por AMLO.
