POR: REDACCIÓN
Torreón, Coahuila.-
Dos impactos de bala rompieron el bullicio que había en la Alameda Zaragoza la mañana del 17 de noviembre, y transformaron la conmemoración cívica en un momento de terror y angustia. En plena calle, tirado en el piso, yacía el cuerpo de Mireya, inerte, sin vida, a causa de las dos balas que penetraron en su cuerpo y le arrebataron la existencia de forma instantánea.
La maestra de 50 años no tuvo tiempo de enterarse de nada, pues la vida le fue arrancada de forma brutal y artera mientras esperaba su turno para incorporarse con el contingente de la escuela en la que trabajaba al desfile por el 20 de noviembre, en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.
Todo fue caos y miedo después de las detonaciones. Las autoridades determinaron cancelar el desfile por seguridad de los asistentes y participantes. Las investigaciones arrojaron que el feminicidio fue planeado por una persona muy cercana a Mireya, concretamente, uno de los hijos de su fallecido esposo, de nombre Salvador “N”, quien le habría pagado a un tercero para llevar a cabo la agresión que le causó la muerte.
El móvil del crimen, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, fue la ambición de Salvador “N” por quedarse con las propiedades que dejó su padre al fallecer. Eran conocidas por parte de la familia de la ahora fallecida las amenazas que su hijastro, con quien convivió de cerca los 16 años que estuvo casada con su padre hasta que el falleció en mayo pasado, pues Salvador “N” le reiteraba cada vez que podía que “conocía” gente “pesada”, por lo que no necesitaba “ensuciarse las manos” para hacerle daño.
El autor intelectual del crimen ya se encuentra detenido en el área de indiciados del CERESO, y enfrentará un proceso por el cual podría alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión. Por su parte, el autor material sigue prófugo, pero de acuerdo con las autoridades es cuestión de tiempo para capturarlo.
El caso de Mireya fue de impacto nacional, y fue retomado por todos los noticiarios de las granes televisoras. Sin embargo, la muerte de mujeres en nuestro país en un fenómeno constante, la gran mayoría queda en la impunidad y sin que los culpables enfrenten a la justicia. Lo anterior, desgraciadamente, tiene como resultado un aumento preocupante en los casos de feminicidio en el estado y en todo México.
Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Coahuila ocupa el 13 lugar, subiendo 10 posiciones en solo apenas un año. Pero las discrepancias entre las cifras oficiales y las que dan a conocer organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres son recuentes, pues en algunos casos, las autoridades integran la carpeta como muerte por crimen organizado mientras las ONG’s lo consideran un feminicidio con todos sus elementos.
Para darnos una idea la situación que priva en la entidad, tomemos como referencia los datos proporcionados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que señalan que del 2013 al 2017 se presentaron 79 casos de los cuales 43 fueron perpetuados con arma de fuego, como en el trágico caso de Mireya. En los primeros 10 meses del 2019, las cifras registran 22 casos, cifra que, lamentablemente, seguramente aumentará.
La radiografía a nivel nacional es también alarmante. Otra vez con cifras del SESNSP, de enero a octubre del presente año el feminicidio aumentó 12 por ciento con respecto al mismo periodo del 2018, pasando de 744 a 833 víctimas. En 13 estados de la República aumentaron los casos de feminicidios: en Coahuila se incrementó 283%, en Quintana Roo 200%, en Durango 150% y en Puebla, 100%, por citar los más elevados (https://www.etcetera.com.mx/nacional/feminicidios-833-casos-12-2018/).
De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, las cifras seguirán en aumento mientras no se ataquen las dos principales causas de la violencia contra las mujeres, incluyendo lo feminicidios: por un lado, la impunidad en la que quedan la mayoría de los casos, y por el otro, un cambio radical en el aspecto cultural, en el que se deje de ver a la mujer como un objeto al que se puede desechar sin enfrentar las consecuencias ante la justicia. Ambas, son materias pendientes de todos los niveles de gobierno.
