POR: AGENTE 57
ARRANCAMOS…EL SISTEMA PRESIDENCIALISTA MEXICANO el sistema mexicano es actualmente objeto de curiosidad general. Proliferan en el extranjero todo tipo de obras en las que se analiza nuestra realidad política. En ocasiones se presenta el sistema como dominado totalmente por un presidente omnipotente, en otras, se le señala como el modelo adecuado para los pueblos asiáticos y africanos que buscan su integración a partir de situaciones de retraso económico y social. En suma, innumerables teorías, que van desde el intento científico hasta la presentación simplista, tratan de explicar la organización política que ha logrado combinar el cambio acelerado con la estabilidad. Ahora bien, generalmente estas teorías centran su atención en la presidencia de la República. El presidente es el punto clave de toda actividad política en México. Nos señala que su poder descansa en amplias facultades constitucionales, en una influencia política creciente más allá del propio Partido, y en una profunda tradición de un Ejecutivo fuerte. El mecanismo que lleva a la consolidación y mantenimiento del poder del Presidente es la institucionalización del cargo. Con el desarrollo del país, se multiplican los intereses especializados, se hacen cada vez mas complejas las relaciones políticas, lo cual lleva a que la autoridad se sitúe gradualmente en la Presidencia, en razón de que, el Jefe Ejecutivo, cualquiera que sea, controla la maquinaria burocrática que lleva a cabo el trabajo cotidiano, que decide la atribución de recursos, las obras que deberían realizarse, las actividades que se promoverán. El Presidente, líder personalista, se convierte en el director de una burocracia en aumento. La complejidad de la sociedad demanda una estructura de órganos de control político contínuo y previsible; la Presidencia, al institucionalizarse, cubre esta necesidad. El hombre que asume el puesto adquiere automáticamente gran autoridad y cuenta con la actividad segura y eficaz de su aparato burocrático. La Presidencia combina entonces el modelo tradicional de un Ejecutivo fuerte con un sistema administrativo adecuado que satisface los requerimientos de un Estado moderno. El Presidente funciona como unidad de control de una madeja de factores de poder: grupos de intereses, organizaciones y agencias gubernamentales. La estructura de poder consiste entonces en una jerarquía de grupos y asociaciones interrelacionadas. Las relaciones y lealtades culminan en el Presidente. La influencia política que se extiende más allá de los partidos, radica en lo que denominamos gobierno por consulta en el cual, unidades oficiales, semioficiales, cuerpos políticos de carácter geográfico, intereses funcionales comerciales e industriales, toda una gama, de asociaciones particulares, son consultadas y participan en la formulación y toma de decisiones. Señalando que la naturaleza de la función presidencial es básicamente administrativa y que precisamente, por medio de su maquinaria, se controla a un ejército de unidades semi independientes que han florecido dentro del sistema. Podemos ver la fuerza de la Presidencia mexicana descansando básicamente en amplios poderes constitucionales y en una tradición de supremacía presidencial a la manera grandiosa de un virrey colonial. El “carisma” se ha desplazado del líder individual al cargo que al institucionalizarse demanda respeto, reviste al líder de dignidad y lo envuelve en cualidades carismáticas. Ahora bien la institucionalización provoca doble tendencia, por una parte, al aumentar las funciones de gobierno, el poder del Presidente aumenta, por otra parte, al aumentar sus responsabilidades, aumenta la necesidad de delegarlas. Con el aumento de su poder, aumente igualmente su dependencia. En estas circunstancias, el reclutamiento de sus funcionarios adquiere una importancia vital. Las teorías acerca del presidencialismo ven en este sistema únicamente una fachada o apariencias de legalidad de dictaduras personales que, en la realidad, sólo representa un fracaso, una corrupción del sistema presidencial. El Ejecutivo, en razón de los elementos de que dispone, desempeña en general el papel de iniciador, de órgano impulsor. El Ejecutivo actúa como árbitro de los intereses en presencia. Para arbitrar entre demandas diversas a fin de moderarlas en el plano de lo posible, se requieren elementos de juicio, criterios de apreciación. A estos criterios se les denomina comúnmente interés general. En las políticas públicas, es precisamente el Ejecutivo quien toma a su cargo la definición del criterio de interés general y su aplicación práctica. Los parlamentos manifiestan una tendencia general a delegar cada vez más en el Ejecutivo, las decisiones de asignación de recursos entre las categorías sociales, regiones, sectores económicos, etc. la extensión de las funciones del Estado no es una opción deliberada sino una tendencia general de la vida social lo cual trae como resultado inevitable el que el Ejecutivo asuma esas responsabilidades.
MI VERDAD.- Es necesario reparar en la distinción esencial que existe entre personalización e individualización del poder. NLDM
