POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
Hace ya cinco años que jóvenes estudiantes desaparecieron sin, aparentemente, dejar rastro. Desde el 26 de septiembre de aquél 2014, en Iguala se vio por última vez a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que habían secuestrado un autobús en el cual fueron atacados por policías locales, detenidos y entregados al grupo criminal “Guerreros Unidos” que, presuntamente, los asesinó e incineró.
Desde entonces 142 personas han sido detenidas por estar presuntamente vinculados con la desaparición, de los cuales 77 ya han recuperado su libertad. El proceso judicial poco a poco se está “cayendo”, es decir, muestra que no tiene soportes que permitan concluir con sentencias que generen la certidumbre de que se está haciendo justicia. La llamada “verdad histórica” aparece cada vez más alejada de la realidad y, lo que a final de cuentas surge como incuestionable es la ausencia de un estado de derecho, una institucionalidad que otorgue certeza jurídica a los ciudadanos. Esto no solamente por las violaciones a los derechos de los 43 desaparecidos, sino también porque las investigaciones del caso han estado revestidas de torturas y amenazas a los sospechosos de participar en la desaparición de los estudiantes.
El responsable es el Estado, dicen los familiares de los desaparecidos. Y no les falta razón. Ya en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló al Estado mexicano su responsabilidad por el caso conocido como Campo Algodonero, en referencia al lugar donde fueron encontrados los restos de tres jovencitas asesinadas en Ciudad Juárez. Ese mismo año, en noviembre, el Estado mexicano fue declarado responsable de la violación a los derechos a la libertad e integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida de Rosendo Radilla Pacheco, detenido por agentes militares sin que se volviera a saber de él.
Sin embargo, aunque los casos se empiezan a investigar por instancias oficiales desde hace relativamente poco tiempo, la verdad es que el Estado mexicano ha recurrido al expediente de la desaparición forzada de disidentes desde hace mucho tiempo. El investigador de la Universidad Iberoamericana, Rodolfo Gamiño, afirma que la desaparición de personas en México es un fenómeno siempre presente y continuo. En su ensayo “Fuerzas armadas, contrainsurgencia y desaparición forzada en Guerrero en la década de los sesenta y setenta”, Gamiño documenta una especie de institucionalidad alterna, una conducta criminal de parte de las fuerzas represivas del Estado para combatir la insurgencia de quienes actuaban contra el gobierno por la vía pacífica o por la vía armada.
Así describe Gamiño la actuación de las fuerzas represivas en Guerrero durante la llamada “Guerra sucia”: “Elementos policiales-militares vestidos de civil bajo el mando del General Francisco Quiroz Hermosillo ingresan en vehículos particulares a la Base Militar de Pie de la Cuesta, de Acapulco, Guerrero. Llevan a hombres y mujeres identificados como guerrilleros o ‘paquetes’, los llevan con los ojos vendados… A los ‘paquetes’ se les sienta en sillas de madera, les dicen que todo ha acabado y que en ese momento se les tomará ‘la foto del recuerdo’. Por detrás, a la altura de la nuca, una pistola calibre 380 está a punto de acabar con sus vidas.”
La deshumanización, el reducir la dignidad de ser humano a “paquetes” facilita la represión, la desaparición forzada y, en muchos casos, el asesinato de quienes intentan la construcción de una forma diferente de organización social. Necesitamos un nuevo pacto social. Un verdadero estado de derecho. Para ello nos hacen falta los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los más 40,180 desaparecidos desde 2006.
