POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
Las relaciones sociales, las que establecemos con los demás son vínculos con los que se va configurando una trama, una red a la que llamamos sociedad. Esa red de relaciones, sin embargo, no es neutra pues tiende (de manera que parece natural, pero que no lo es) a la reproducción de sus propias contradicciones. En una sociedad desigual como la nuestra, la tendencia es a reproducir las desigualdades, las relaciones de dominación, sobre todo las que se establecen por parte del Estado sobre la sociedad en general y, particularmente, sobre los sectores sociales más débiles o más vulnerables. Parte de la eficacia de dicha dominación reside en su aparente invisibilidad o, mejor dicho, en su naturalización, su aceptación como algo inherente a la naturaleza.
El Estado aparece así como una relación natural, como un padre todo poderoso que lo mismo tiene la obligación de protegernos que de corregirnos. Parte esencial de nuestra socialización, nuestra incorporación a la sociedad a través de la educación, consiste precisamente en la construcción de sistemas de valoración éticos, estéticos y cognitivos que se corresponden, necesariamente, con las divisiones sociales objetivas. Es decir, crecemos creyendo que lo bueno, bonito y lógico es lo socialmente aceptado.
De esa manera el Estado no sólo es la institución que monopoliza el uso legítimo de la violencia, sino que, además, nos parece que así tiene que ser. Creemos que es lo correcto, conforme a nuestra estructura cognitiva. ¿Cómo es entonces que se puede llegar a dudar de la legitimidad de la violencia que usa el Estado? La respuesta se encuentra en la realidad, esa que no siempre se ajusta a lo que percibimos y que, por tanto, en algún momento se presenta justo como es. Así ha pasado a muchas de las personas a las que les fue arrebatado un ser querido, ya sea por parte del crimen organizado o por parte de quienes dicen combatirlo.
Pero cuando el Estado desaparece a alguien no solo lastima a quien priva de su libertad o a su familia, se lastima a sí mismo pues pierde legitimidad, primero ante quienes secuestra y sus familiares, después ante el resto de la sociedad y luego ante otras naciones con las que tiene compromisos de respeto a su propia legislación. Un Estado que vulnera los derechos de sus ciudadanos, erosiona las condiciones de su propia existencia y pone en crisis las reglas básicas de la sociedad. Cuando se pierde la confianza en las instituciones estatales, es decir, es sus policías, en sus soldados, en sus leyes ¿a quién se puede recurrir?
El jurista José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habla de las situaciones, un tanto paradójicas, que la desaparición forzada ha generado en lo relativo al derecho. De acuerdo con él tenemos en un extremo a las personas con vida y presentes, mientras que en el otro a las personas muertas con cuerpo presente. En la situación intermedia se ubica a una persona viva aunque no se esté frente a su cuerpo, o no se pueda saber si está con vida o muerta.
En términos sociológicos lo anterior nos remite a lo que algunos llaman “identidades suspendidas” para hacer referencia situaciones en las que, por ejemplo, a una mujer le “desaparecen” a su marido y no se vuelve a saber de él. Entonces, ¿eso la convierte en viuda? o ¿sigue siendo esposa?, ¿hasta cuando? Eso es un ejemplo de los muchos lazos rotos o “suspendidos” por la ilegítima guerra contra el narcotráfico, algo de lo mucho que tenemos que rehacer.
