POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
Era 1986 cuando Ronald Reagan, entonces presidente de los Estados Unidos, firmó la Directiva 221 de Decisión de Seguridad Nacional y, con ese acto cambió la relación entre ese país y México. Estábamos en los albores de la revolución neoliberal inaugurada por Margaret Tatcher en Inglaterra, e impulsada por Reagan en Norteamérica. En Chile ya se habían creado las condiciones para que el neoliberalismo pudiera instalarse, con todo el poder de la bota militar, a partir del golpe de Estado en 1973. Para crear esas mismas condiciones en el resto de Latinoamérica, era necesario un mayor y más acelerado intervencionismo norteamericano, particularmente en nuestro país. Ese era el trasfondo de la Directiva 221 según lo afirman Érika Soto y Walter Salazar en “Las buscadoras: la lucha de las mujeres laguneras por la verdad, la justicia y la memoria de los desaparecidos”, libro editado este año por la Secretaría de Cultura y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).
La decisión norteamericana de combatir el tráfico de drogas como una amenaza a su seguridad nacional, justificó la exigencia a México para que alineara su política de seguridad interior a las necesidades de la nueva política antidrogas de los norteamericanos. El entonces presidente mexicano Miguel de la Madrid coincidía con Reagan en el perfil ideológico neoliberal, lo que facilitó la subordinación de la política mexicana a las exigencias de los vecinos del norte, una subordinación que no pasó de los niveles declarativos o que, si acaso, llegó al combate de algunos narcotraficantes con una participación norteamericana muy acotada. Sin embargo, el nuevo discurso antidrogas se repetiría en los sexenios de Salinas y Zedillo, con lo que se iría preparando el ambiente sociopolítico para la instauración de una política antidrogas cada vez más violenta, además de violatoria de los derechos individuales.
El atentado a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 hizo que los estadounidenses equiparasen narcotráfico y terrorismo, a partir de lo cual exigieron al gobierno mexicano, entonces encabezado por Vicente Fox, una participación más activa y comprometida en el combate al narcotráfico. Sin embargo, es con Felipe Calderón (2006-2012) que, al declarar una guerra contra los narcotraficantes, se incrementó de inmediato el nivel de violencia. De acuerdo con el libro “Las buscadoras…” y apoyándose en cifras oficiales del Inegi, entre 2007 y 2012 se contabilizaron 121 mil 613 homicidios en el país, a lo que habría que agregar los no denunciados.
El otro crimen que floreció a partir del periodo calderonista es el de las desapariciones forzadas. Los levantones o secuestros se convirtieron en una de las actividades favoritas de los cárteles, tanto para cobrar rescate como para hacerse de distribuidores o sicarios. Según Soto y Salazar, con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas (RNPED), más de 35 mil desapariciones ocurrieron en el periodo de enero de 2006 a abril de 2018, secuestros que no solo no se han resuelto sino que, por el contrario, van acompañados de la criminalización de las víctimas.
No es algo nuevo ni es un crimen cometido exclusivamente por narcotraficantes. Desde hace decenios ha sido una práctica recurrente del Estado mexicano para deshacerse de sus opositores, pero nunca había alcanzado los niveles de los últimos años ni se había hecho tan evidente la complicidad de prominentes políticos. Al final, lo que queda claro es que se trata de “una guerra contra los que han resistido a más de tres décadas sin crecimiento económico (…) contra los obreros, los desempleados, los que luchan, los que levantan la voz”.
