POR: REDACCIÓN
Torreón, Coahuila.-
Omar Figueroa Sánchez falleció el 3 de abril del 2018. Dos semanas antes, el 19 de marzo, sufrió el accidente que le costó la vida cuando tripulaba, junto con otros elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), una patrulla de la corporación que se impactó contra un autobús del servicio público.
El policía municipal, de 35 años, salió volando de la unidad y sufrió heridas graves que finalmente terminaron con su existencia. Omar dejó a una esposa y tres pequeños hijos, al último de los cuales no alcanzó a conocer. Desde entonces, su esposa, Yuriana Chávez, ha emprendido una batalla legal reclamando que se le otorgue una pensión a su pequeños de 13 y 8 años, y a su pequeño de apenas 7 meses.
El beneficio le ha sido negado por ayuntamiento bajo el argumento de que su marido, a pesar de tener 6 años militando en la corporación policiaca, tenía apenas un año cotizando, y de acuerdo con la representación municipal, se requieren al menos tres años para ser beneficiarios de la pensión, por lo que solo han recibido 62 mil pesos, con lo que inició un pequeño negocio para sacar adelante a sus hijos.
La señora Chávez Molina cuenta con el apoyo de la asociación Beneficio Legal y Legítimo de los Nacionales en Apuros (BELLENA), quien a través de su representante, José Cruz Guajardo, está prestando apoyo legal a la viuda del elemento fallecido, quien no cuenta con los recursos económicos necesarios para contratar un abogado.
El objetivo es lograr que el municipio le otorgue una pensión permanente a la señora Chávez y sus hijos, pues su marido era el sostén de la familia hasta antes de fallecer. Sin embargo, la negativa del ayuntamiento que preside Jorge Zermeño se basa en que a pesar de los seis años que el elemento ya tenía dentro de la corporación, apenas tenía un año cotizando, por tanto, afirma los representantes del ayuntamiento, no califica como beneficiario.
Asimismo, la aseguradora se niega a pagar el seguro de vida del desaparecido Figueroa Chávez, argumentando que viajaba en la parte trasera de la camioneta en que se accidentó, y aunque se trata de una práctica común entre las distintas corporaciones, para que el seguro de vida sea efectivo los elementos deben viajar en el interior de la cabina.
La representación legal de la señora Chávez Molina afirma que directamente en la Tesorería municipal les notificaron “…que el elemento incumplía con un requisito de la Ley de Pensiones…”. Sin embargo, el abogado destaca que cuentan con una carta de Pensiones en la que se señala que el policía municipal, y en este caso su familia, tienen derecho a recibir la pensión. “Tenemos ese documento”, afirma Figueroa Chávez.
Yuriana Chávez Molina se encontraba embarazada cuando ocurrió el accidente y posterior fallecimiento de su marido. Durante del velorio, el alcalde Jorge Zermeño Infante le prometió apoyos que nunca llegaron. De hecho, cuando nació su bebé, en julio del 2018, acudió al ISSSTE, donde le dijeron que ya no era derechohabiente y tuvo que acudir a un nosocomio particular para dar a luz.
Durante el velorio de Figueroa Sánchez, el alcalde Zermeño Infante declaró públicamente que la viuda e hijos del fallecido contarían con “…todo el respaldo nuestro…”, añadiendo que buscarían que la familia mantuviera el ingreso del elemento caído en cumplimiento de su deber, así como becas para sus hijos e, incluso, entregarles una vivienda. En apenas unos meses, todo se le olvidó.
Y LAS BRONCAS NO PARAN…
Un día sí y otro también, la administración zermeñista se enfrenta a inconformidades por parte de la ciudadanía. Nada más durante la semana que recién concluye, un grupo de alrededor de 50 personas volvieron a plantarse a las afueras de la presidencia municipal para exigir que se desestime el aumento de 4 pesos al transporte que solicitaron los concesionarios, para pasar de 11 a 15 pesos.
Los inconformes señalan que la economía familiar no está para soportar un golpe de ese tamaño, pues el transporte ya representa un porcentaje bastante alto del ingreso per cápita. La resolución todavía no llega, pero se puede anticipar que habrá un aumento, tal vez no de 4 pesos, pero de que habrá aumento, habrá.
Pero además, el retiro de los locales comerciales, por llamarlos de alguna manera, le sigue acarreando inconformidades al alcalde de extracción panista. El jueves por la mañana, un grupo de locatarios se apersonó con el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, para solicitarle intervenga y no sean removidos, a pesar de que los locales tengan años abandonados. Y es que el detalle es que los locatarios no se niegan a un reordenamiento, lo que cuestionan son las formas de la administración zermeñista, que ni siquiera tuvo la bondad de pedir su opinión. Los locales ya fueron removidos, pero el pleito está lejos de concluir. Lo dicho, para Jorge Zermeño las broncas no paran.
