POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
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Vale la pena plasmar mediante premisas simples, el actual problema de las estancias infantiles que ha desatado descontento en ciertos y muy particulares grupos que han alzado la voz.
En primer lugar, es necesario señalar que duele perder privilegios, así como cuando el actual gobierno anunció que reducirían de 6 mil programas de desarrollo social existentes, a tan solo 18, sin que ello significara abandonar la tarea gubernamental de la asistencia social, hubo muchos y muchas que simplemente perdieron privilegios; que no solo se agenciaban recursos quitándoselos a los más necesitados, sino que los utilizaban como nichos de poder electoral para así lucrar con la pobreza de miles de personas. De la misma forma, la reducción de presupuesto a las estancias infantiles afecta a muchos que lucraban con esta prestación social; y lo afirmo con conocimiento de causa, pues fui testigo, hace ya varios años, del abuso hacia trabajadores de una estancia infantil cuyo “concesionario” no les pagaba aguinaldo, descansaba trabajadores para ahorrar gasto, y todavía organizaba con padres de usuarios de servicio rifas y actividades para atraer más y más recursos: negocio redondo. Yo mismo fui clave para el desmantelamiento de ese negociazo que atentaba contra los derechos de muchos trabajadores y enriquecía a una sola familia.
En segundo lugar, en ningún momento se ha anunciado que se cancelará el apoyo económico gubernamental a las estancias infantiles, ni mucho menos que el servicio se va a privatizar, lo que sí sea dicho, es que se continuará ofreciendo respaldo a madres y padres mediante una estrategia nacional que cumplirá cabalmente lo estipulado en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil atendiendo el principio de interés superior de las niñas y los niños (sic). Se trata de definir nuevos lineamientos que normarán el funcionamiento de las estancias infantiles, para que estas funcionen bajo estándares de máximo cuidado y bienestar para los infantes usuarios y, sobre todo, para erradicar la corrupción que se ha detectado en muchas de ellas y que parecen ser una muestra representativa de un problema mayúsculo de conflicto de intereses.
En tercer lugar, y lo que sin duda dio origen a la reducción de presupuesto y a la revisión de las reglas para perfeccionar las mismas, fue el descubrimiento, solo en el Estado de Coahuila, de casos de corrupción ligados al tema de los niños fantasma, es decir, estancias que reportaban un mayor número de infantes de los que realmente existían para poder cobrar el subsidio de 950 pesos por niño. Esto además de que se descubrieron estancias asignadas a familiares directos de funcionarios públicos, lo cual significa tráfico de influencias. Así mismo, se detectaron a nivel nacional redes de guarderías que se entregaban a prestanombres y que en realidad pertenecían a la misma persona, entre otras felonías detectadas; se trata, pues, de nichos de corrupción que ha dado pie a una revisión profunda del programa con el objetivo de limpiar el esquema de estancia infantiles acabando con el abuso y corrupción de muchos; todo en beneficio del erario y de los usuarios de dichos servicios. Tiempo al tiempo, la depuración de irregularidades lleva tiempo y genera molestias, aquí el fin sí justifica los medios.
